Un centenar de funcionarios de Justicia en España han llevado a cabo una protesta en la calle en la tercera jornada de huelga convocada por los sindicatos Csif, CC.OO. Staj y UGT. Los manifestantes mostraron una pancarta conjunta con el texto: "Lo público es de todos. Ni recortes, ni privatizaciones. Sin justicia no hay democracia".

El colectivo, con una plantilla de 45,000 funcionarios en toda España y 7,860 en Catalunya, anunció la huelga debido a la subida salarial de 450 euros mensuales conseguida por los Letrados de la Administración de Justicia (Laj) con su huelga indefinida. Los funcionarios insisten en que sus reclamaciones no son solo económicas y también solicitan que se reconozcan todas las funciones que realizan.

El presidente de la junta de personal del sindicato Staj en Barcelona, Eduardo Montesinos, ha explicado que han empezado con tres días semanales de huelga "con la intención de no llevar a un colapso total de la administración y hacer que el Ministerio se avenga a negociar", si bien los sindicatos han avisado de que harán huelga indefinida a partir del lunes 22 si el Gobierno no los convoca para negociar antes.

El coordinador de la agrupación de Justicia de CC.OO. en Catalunya, David Toribio, ha recordado que el Ministerio de Justicia ha acordado una subida de sueldo para los Laj de 450 euros mensuales y ha ofrecido una subida de 500 euros a jueces y fiscales ante su aviso de huelga en mayo. "Nos sentimos totalmente discriminados. Nos están dejando de lado y el Ministerio está mostrando una situación totalmente clasista favoreciendo a las élites de la oficina judicial y ninguneando al 93% de la plantilla, que es quien saca trabajo ordinario", dijo Toribio.

Los sindicatos solicitan negociar con el Ministerio de Justicia la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, que consideran empeorará sus condiciones de trabajo. "Esta ley modifica la estructura de la oficina judicial y la amplifica. Ya no existen centros de trabajo concretos sino que la movilidad puede ser continua, no solo dentro de una misma población donde puede afectar a la especialización, sino que puede afectar a la movilidad entre distintas poblaciones", dijo Montesinos y añadió que esto implicará que un funcionario pueda trabajar en distintas ciudades según la necesidad de personal o, en ciudades grandes, que pueda pasar de trabajar en asuntos penales a mercantiles u otras jurisdicciones.

El delegado de UGT de Justicia, José Ramón Martín, también explicó que la ley "modifica completamente nuestras condiciones de trabajo. Se nos menosprecia a la hora de mandarnos a sitios donde están colapsados. Con menos personal quieren hacer lo mismo, no es posible", concluyó.