BARCELONA, 15 de diciembre.

La Fiscalía de Barcelona ha hecho un llamado a los notarios para que detengan cualquier proceso y contacten al Ministerio Público si tienen dudas sobre la capacidad mental de un individuo que acude a sus oficinas, especialmente en situaciones donde se lleva a cabo un acto jurídico significativo como una compraventa, o cuando presienten que dicha persona está siendo manipulada de manera inapropiada.

Antoni Torres, fiscal delegado encargado de las medidas de apoyo para personas con discapacidad y ancianos, hizo estas declaraciones durante una reunión con la prensa. Torres subrayó que semanalmente reciben reportes sobre presuntas ocasiones de "despatrimonialización" que afectan a personas vulnerables, principalmente a ancianos con deterioro cognitivo.

Uno de los escenarios más comunes que se presentan es el de individuos que solicitan "ayuda" de terceros, que pueden ser amigos, familiares o incluso vecinos, y que a menudo están en residencias de ancianos. Estas personas llegan a delegar la administración de sus bienes y pensiones a estos "ayudantes", quienes en algunos casos abusan de su confianza, aprovechándose de su fragilidad.

La Fiscalía recibe información sobre estas irregularidades a través de diferentes canales, como los Servicios Sociales o profesionales de los geriátricos, quienes comunican que, por ejemplo, un residente ha indicado haber visitado un notario o una institución financiera.

Frente a estas situaciones, la unidad liderada por Torres, que se centra en el ámbito civil, se encarga de garantizar que las personas afectadas obtengan "de manera inmediata" el respaldo de un defensor judicial, generalmente proveniente de alguna fundación, que se encargará de la administración y el inventario de su patrimonio.

En caso de que se detecten indicios de delitos, la sección responsable de la tutela y protección de víctimas en el ámbito penal es notificada para iniciar las diligencias necesarias para investigar los hechos.

Es relevante señalar que, de acuerdo a la información de esta sección, un 65% de las víctimas vulnerables que asisten son ancianos, que mayoritariamente enfrentan delitos de estafa y apropiación indebida, a menudo incluso por parte de sus propios familiares.

Silvia Armero, la fiscal responsable de la protección de víctimas en el proceso penal, aclaró que aunque los ancianos pueden disponer de su dinero como deseen, se trata de individuos que, debido a su vulnerabilidad, han perdido su capacidad de decisión y comprensión sobre las transacciones que están realizando.

Por lo tanto, Torres recalca la importancia de que los notarios informen a la Fiscalía si perciben que una persona no está en plenas facultades al momento de realizar un acto jurídico, especialmente si notan que "está presente, pero no entiende por qué ni cuáles serán las consecuencias". Lamentablemente, en los últimos dos años, solo se han recibido dos notificaciones de notarios sobre situaciones sospechosas de fraude.