El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha emitido una sentencia en la que se afirma que España violó los derechos políticos del exlíder de la Generalitat Carles Puigdemont. En concreto, la sentencia se refiere a la suspensión de Puigdemont como diputado del Parlament después de que fuera procesado por rebelión, pero antes de ser condenado.

La infracción se sitúa en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice que la suspensión de un cargo público debe estar justificada por razones legales y objetivas. El Comité encontró que la decisión de España no cumplía estos criterios.

La sentencia pide a España que "adopte todas las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro" y que informe al Comité en 180 días sobre las acciones tomadas para aplicar la sentencia.