BARCELONA, 25 de agosto. El Govern de Catalunya está listo para presentar un significativo decreto ley este martes, en la primera sesión del Consell Executiu luego del receso veraniego, que busca reformar la estructura legal de la Agència Tributària de Catalunya (ATC). Esta modificación responde a la necesidad de adecuar la agencia a los recientes cambios en la gestión fiscal catalana, otorgándole mayor independencia en lo que respecta a la gestión de su personal.

La medida fue fruto de un acuerdo entre el Govern y ERC, con el propósito de fortalecer la ATC para que, en el futuro, asuma la cogestión de todos los tributos generados en Catalunya. Esta iniciativa fue comunicada por la Conselleria de Economía y Finanzas al final del mes de julio, destacando su ambición de avanzar hacia un sistema fiscal más autónomo.

El decreto busca asegurar que la ATC cuente con las herramientas tanto legales como organizativas necesarias para llevar a cabo de manera “eficaz y eficiente” las nuevas responsabilidades que le serán asignadas. Con este enfoque, se pretende modernizar la gestión tributaria en Catalunya y adaptarla a las demandas actuales.

Entre las modificaciones introducidas se encuentra la implementación de un contrato programa, que servirá como un mecanismo de gobernanza clave, así como la creación de nuevos grupos profesionales tributaristas que respondan a las necesidades específicas de la agencia. Este enfoque busca proporcionar un modelo más ágil y adaptado a la realidad fiscal catalana.

El contrato programa será vital para delinear las estrategias, objetivos, indicadores de rendimiento, financiación y actividades que tendrá la ATC, consolidando así su operación en un marco claramente definido.

Además, se contempla la formación de dos nuevos equipos dentro de la agencia: el Cuerpo de Agentes Tributarios y el Cuerpo Superior de Informática Tributaria. Estos equipos estarán diseñados para robustecer la capacidad de gestión y tecnología en la recaudación y administración de los tributos.

El nuevo decreto también traerá consigo la completa autonomía de la ATC en lo que respecta a asuntos de personal y negociación colectiva, así como la libertad para crear su propia estructura organizativa, marcando un paso decisivo hacia una hacienda catalana verdaderamente independiente y operativa.