El Govern catalán ha anunciado una medida que ha generado polémica entre los sectores conservadores: la expropiación de entre 50 y 70 viviendas vacías en 14 municipios de Cataluña para destinarlas al alquiler social. El objetivo de la medida es paliar la crisis del acceso a la vivienda que afecta a muchas familias catalanas.

Los municipios afectados son Cornellà de Llobregat, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Vic, Viladecans, Vilanova y la Geltrú, Figueres, Lloret de Mar, Salt, Reus, Roda de Berà, Tarragona y Valls. Según ha explicado el conseller de Territorio, Juli Fernández, en una rueda de prensa, la medida se enmarca en la Ley 1/2022 de la Generalitat y busca movilizar viviendas vacías en manos de grandes tenedores y personas físicas que no cumplen con su función social.

La Generalitat ha detectado 189 viviendas que cumplen los requisitos para ser expropiadas, si bien el objetivo es ampliar este número en el futuro. El gasto de la expropiación, que puede ser acordado o no con la propiedad, irá a cargo del Institut Català del Sòl (Incasòl), mientras que el alquiler lo gestionará la Agència de l'Habitatge de Catalunya. El presupuesto previsto para la expropiación es de cinco millones de euros, aunque esta cantidad podría aumentar si se alcanzan acuerdos con nuevos municipios.

El decreto, que ya ha sido aprobado por el Govern, permite a la Generalitat iniciar el proceso de expropiación de viviendas vacías por incumplimiento de la función social de la vivienda. Para ello, se basa en inspecciones recientes que han permitido acreditar que hay viviendas vacías de más de dos años sin causa justificada. Una vez enviado el requerimiento, la propiedad tendrá un mes para acreditar que la vivienda está ocupada o en proceso de ocupación. Si no lo puede hacer, se abrirá un plazo de tres meses para alcanzar un acuerdo de compraventa con la Generalitat. De no llegar a un acuerdo, la norma prevé que se pueda expropiar por procedimiento de urgencia, lo que permite obtener la propiedad de la vivienda sin tener que alcanzar antes un acuerdo en el precio.

Esta medida ha generado opiniones encontradas entre los distintos sectores políticos. Mientras que los partidos de la izquierda han valorado positivamente la iniciativa, calificándola de necesaria y urgente, los partidos conservadores y de derecha la han criticado por considerarla una invasión del derecho a la propiedad y una medida que ahuyentará a los propietarios de viviendas.