El juez Joaquín Aguirre, del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que investigue a los ex presidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas por su presunta participación en la trama rusa del proceso independentista, abriendo así una nueva pieza separada.

Esta investigación se centra en los delitos de traición y malversación de fondos públicos, relacionados con supuestos vínculos de líderes independentistas con autoridades rusas, especialmente después de la celebración del referéndum del 1-O.

En total, se investiga a 11 personas, incluyendo el jefe de gabinete de Puigdemont, su abogado Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye, así como la ex consejera Elsa Artadi y Víctor Terradellas, responsable de relaciones internacionales de Convergència en aquel momento.

Una conversación en la que se mencionaba la posibilidad de contar con "10.000 soldados rusos" para ayudar a Cataluña en su busca de independencia es uno de los puntos clave que el juez busca esclarecer.

El objetivo de esta nueva investigación es analizar todas las conexiones relacionadas con el gobierno ruso, los viajes y reuniones de Puigdemont y sus colaboradores, así como las actividades que pudieron facilitar la infiltración de ciudadanos rusos en España con el fin de influir en estructuras financieras y llevar a cabo acciones de desinformación y desestabilización.

Según el auto judicial, varios países de la Unión Europea se desentendieron del independentismo catalán cuando sus intereses se alinearon con los de Rusia, creando un escenario propicio para los objetivos estratégicos del país euroasiático contra Occidente.

En palabras del juez, el proceso independentista catalán fracasó, pero tan solo el conflicto y la inestabilidad resultante en un país miembro de la OTAN ya representaban una victoria para Rusia. De haber tenido éxito, Rusia habría tenido la oportunidad de desestabilizar toda la Unión Europea, tanto política como económicamente, mediante el uso de criptomonedas de forma fraudulenta.