BARCELONA, 22 de julio. En una reciente sesión, la Mesa del Parlament ha confirmado que el decreto ley presentado por el Govern, destinado a fortalecer la resiliencia eléctrica en Catalunya, no obtuvo la validación necesaria dentro del plazo estipulado de 30 días desde su publicación, lo que ha llevado a su derogación efectiva el 21 de julio.

Fuentes del Parlamento han indicado que este hecho será documentado en una resolución que se difundirá en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc), estableciendo así la formalidad de la medida.

Por otro lado, la Mesa ha dado luz verde a una prórroga de 60 días para que los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) referente a la modificación de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía puedan continuar con la recolección de firmas necesarias para su propuesta.

Asimismo, también se ha recibido una comunicación del Tribunal Constitucional (TC), que informa sobre la admisión de una cuestión de inconstitucionalidad presentada por la sección tercera de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Esta cuestión se refiere a la validez de dos artículos específicos, lo que añade un nuevo elemento a la actual dinámica legislativa.

Como siguiente paso, el Tribunal Constitucional ha otorgado un plazo de 15 días al Parlament para que decida si desea intervenir en este proceso y presente sus alegaciones pertinentes.