BARCELONA, 23 de julio. El Parlament ha dado luz verde este miércoles al decreto ley impulsado por el Govern, que establece un conjunto de medidas urgentes en el ámbito de la escolarización, con la colaboración de PSC-Units, ERC y Comuns. La CUP se opuso abiertamente, mientras que Junts, PP, Vox y Aliança Catalana optaron por la abstención.

La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha defendido esta iniciativa como una respuesta necesaria ante las urgencias educativas actuales y la situación de prórroga presupuestaria que dificulta el normal desarrollo de los compromisos de gasto. Según Niubó, las decisiones relacionadas con la educación no pueden ser retrasadas, ya que son fundamentales para el funcionamiento de un servicio público crucial.

La nueva normativa contempla tres áreas de intervención: la conservación y mejora de las infraestructuras educativas, la estabilización de los fondos para la educación infantil y la provisión de un marco legal sólido para programas formativos orientados a jóvenes que no han finalizado su educación obligatoria.

Entre los cambios más relevantes, se modifica la Ley de Educación para permitir que los ayuntamientos colaboren en la financiación de las obras y reformas en los colegios públicos y para que los organismos locales y entidades sociales puedan utilizar las instalaciones educativas fuera del horario escolar.

Además, el decreto incrementa la aportación del Gobierno catalán para costear la educación en la etapa de I2 en las guarderías y facilita la creación de conciertos educativos con entidades que desarrollan programas de formación e inserción laboral, así como nuevas oportunidades educativas.