El Síndic de Greuges de Catalunya ha lanzado una advertencia alarmante sobre la situación de los jóvenes extutelados en la región, revelando que en 2024, un 23,3% de los jóvenes de 18 a 23 años bajo su vigilancia se beneficiaban activamente de la prestación económica del Área de Apoyo al Joven Tutelado y Extutelado (Asjtet). Sorprendentemente, solo el 20,6% de ellos tenía acceso a recursos residenciales, lo que pone de manifiesto serias deficiencias en el sistema de apoyo.

Durante la presentación de su reciente informe titulado 'El apoyo a la emancipación de jóvenes extutelados', la Síndica Esther Giménez-Salinas hizo un llamado a la acción, advirtiendo que existen "perfiles muy vulnerables" que quedan fuera del sistema de apoyo. Su recomendación se centra en la necesidad urgente de simplificar la burocracia, así como en la mejora de los controles para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.

La complejidad del proceso parece ser un obstáculo significativo, ya que muchos jóvenes no solicitan estas prestaciones o no cumplen con los requisitos. La Síndica ha instado a que se adopten criterios más flexibles que permitan que aquellos en situaciones vulnerables no sean excluidos del apoyo que requieren, además de promover una mayor compatibilidad entre el trabajo y la recepción de estas ayudas.

El informe destaca que entre los 2.776 jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad en 2023, únicamente 1.388 iniciaron el proceso para registrarse en la Asjtet. Esta baja tasa de solicitud plantea interrogantes sobre la efectividad del sistema de apoyo y su capacidad para cumplir con las necesidades de esta población.

En un análisis más profundo, el documento revela que en 2021 se rechazó el 45,5% de las solicitudes para acceder a prestaciones económicas, cifra que ha mejorado ligeramente al 34,9% en 2023. Sin embargo, las razones detrás de estos rechazos no se deben tanto a un incumplimiento objetivo de requisitos, sino a las complicaciones que enfrentan los jóvenes para completar correctamente sus solicitudes.

La Síndica ha criticado la ineficiencia del proceso, que actualmente tarda más de 10 meses en resolver las solicitudes, dejando a muchos jóvenes sin la garantía de sus necesidades básicas durante este tiempo. Esta larga espera también se ve reflejada en la extinción lenta de las ayudas, lo que puede resultar en problemas para acceder a otras prestaciones o generar incompatibilidades.

Aida Rodríguez, Adjunta de Infancia del Síndic, resaltó que la gestión de las prestaciones está fragmentada y en parte externalizada, generando dificultades de coordinación. Además, identificó la insuficiencia de herramientas y profesionales adecuados, así como la falta de claridad en los criterios para acceder a estas ayudas.

Rodríguez también advirtió sobre importantes déficits de gestión y solicitó que la externalización de servicios se realice con garantías de trazabilidad, transparencia e independencia, elementos clave para un sistema eficiente y justo.

En cuanto a las reclamaciones de pagos indebidos a jóvenes extutelados, la Síndica reveló que las cantidades que la administración ha solicitado oscilaron entre 6.800 y 36.400 euros, lo cual afecta gravemente a los jóvenes afectados y sus situaciones ya de por sí delicadas.

Mònica Martínez Bravo, consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, anunció la semana pasada la intención de la Generalitat de condonar estas deudas, asegurando que "las consecuencias no las paguen los más vulnerables". Esta medida, si se lleva a cabo de manera efectiva, podría aliviar la carga de algunos jóvenes en situaciones críticas.

La propuesta de la Síndica incluye una urgente reducción en los tiempos de tramitación y una mejora en la interoperabilidad de los datos gubernamentales, un aspecto que la Consellería ya está considerando dentro de su plan de transformación.

Adicionalmente, sugiere la simplificación de requisitos y circuitos de gestión, así como el establecimiento de un seguimiento socioeducativo efectivo, acompañado de la protección legal de los jóvenes y la supervisión profesional que pueda detectar irregularidades en el proceso.

Finalmente, el informe sugiere la integración de las prestaciones para extutelados dentro del marco de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), con la condición de que los beneficiarios cumplan con un plan de acompañamiento que les permita una verdadera emancipación y desarrollo personal.