En Barcelona, el Síndic de Greuges ha puesto de manifiesto que este año han sido más de 20 los jóvenes que han presentado quejas relacionadas con la suspensión o finalización de prestaciones que perciben como beneficiarios de la tutela. Esta situación ha llevado a la entidad a cuestionar la exigencia de reintegro de esos importes cuando se debe a un mal funcionamiento administrativo.

En un comunicado emitido esta semana, la institución advirtió que la solicitud de devolución de cantidades indebidamente percibidas puede afectar negativamente el proceso de transición a la vida adulta de estos jóvenes. Este hecho resulta contrario a la responsabilidad que tiene la administración de garantizar un acompañamiento adecuado en esta etapa crucial de sus vidas.

La síndica, Esther Giménez-Salinas, ha instado a las autoridades a realizar una revisión exhaustiva de los procedimientos relacionados con la tramitación de ayudas. También ha solicitado que se implementen mecanismos más eficaces para prevenir la acumulación de pagos indebidos que, a la larga, pueden traducirse en deudas que pesen sobre estos jóvenes.

Además, Giménez-Salinas ha señalado un caso similar que tuvo lugar en el ámbito de la renta garantizada de ciudadanía, donde el Govern tomó medidas para no exigir la devolución de pagos a familias en situaciones de vulnerabilidad. Esta comparación pone de relieve la necesidad de un enfoque más humano y comprensivo hacia aquellos que han estado bajo tutela.

Finalmente, el Síndic de Greuges ha anunciado que elaborará un informe que abordará en detalle las posibles violaciones de derechos que podrían haber sufrido los jóvenes extutelados en relación con la gestión de los recursos proporcionados por la administración. Este documento se espera que aporte claridad y soluciones a una situación que afecta a un sector ya vulnerable de la población.