La consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, ha expresado su satisfacción al anunciar que el Govern recibirá más de 500 millones de euros del Gobierno por el traspaso completo de Rodalies en 2024. Según Capella, esta cantidad incluye 335 millones de euros correspondientes al déficit tarifario de 2022 y 132,7 millones de euros para cubrir la deuda del Plan de Acción, entre otros fondos adicionales.
Uno de los principales beneficios de este traspaso será la mejora en la transparencia de la información respecto a Rodalies. Capella asegura que se prestará especial atención a informar a los usuarios en caso de incidencias. Sin embargo, también ha dejado claro que resolver los problemas de Rodalies no será inmediato y que llevará tiempo para que la Generalitat asuma plenamente sus responsabilidades.
Cuando se le preguntó sobre el motivo detrás del reciente acuerdo para el traspaso, Capella sugirió que los votos independentistas eran cruciales para el presidente Pedro Sánchez. Esto implica que el Gobierno toma decisiones en función de sus necesidades políticas y no necesariamente en beneficio de los ciudadanos.
En cuanto a la gestión de Rodalies, se ha acordado que una empresa pública, con un consejo de administración compartido entre la Generalitat y la Administración General del Estado, se haga cargo. Capella se muestra satisfecha de que la participación mayoritaria en esta empresa sea de la Generalitat.
Se le ha preguntado si el Gobierno tendrá derecho a veto en las decisiones de la empresa pública. Capella niega esto y afirma que el Estado tiene competencias que ellos no tienen, incluyendo decisiones sobre determinados tramos de vías que no son exclusivamente de Rodalies. En estos casos, se requerirán mayorías cualificadas basadas en los Estatutos para tomar decisiones de intervención.
Capella promete garantizar los derechos laborales de los trabajadores de Rodalies a través de un acuerdo entre Renfe y la nueva empresa. Entiende que los trabajadores defiendan sus intereses y se muestra comprometida en protegerlos.
La consellera defiende la fase de negociación del "procés" en la que están inmersos, alegando que el reconocimiento de parte de la otra parte es crucial para lograr soluciones en conflictos de soberanía.
En relación con el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y su supuesta implicación en la investigación de Tsunami Democràtic, Capella critica a la Audiencia Nacional, a la que considera una anomalía persistente que ha tenido consecuencias negativas en resoluciones de conflictos anteriores.
Finalmente, Capella explica que aunque ERC y Junts pacten por separado, ambos partidos comparten un marco legal general pero tienen visiones diferentes sobre las soluciones a aplicar en cada caso, ya que estas no siempre son matemáticas en derecho.