Los protocolos para la continuación de la B-40 y las encomiendas de gestión por valor de 914 millones de euros previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) han sido firmados este viernes por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y la consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella. Ambas firmas se realizaron de forma telemática. Estos protocolos son un compromiso político y dependen de la posterior firma de los convenios para que se inicien los protocolos para llevar a cabo las obras, que se podrían acordar a partir de octubre.

El protocolo de la B-40 establece que el convenio debe ser firmado en un plazo de cuatro meses, por lo que la fecha límite sería la primera semana de noviembre. Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han explicado que un cambio de gobierno después de las elecciones podría afectar a la realización de los proyectos. No cumplir las encomiendas de gestión sería considerado un incumplimiento presupuestario.

Las fuentes del Ministerio también han aclarado que el protocolo de la B-40 se cerró en mayo, pero la Generalitat decidió vincularlo al segundo protocolo, cuyo acuerdo se alcanzó el pasado domingo. Han lamentado que el Govern no haya querido negociar las encomiendas de gestión antes de la convocatoria de elecciones, lo cual ha dificultado la firma del convenio en este periodo.

El protocolo de la B-40 contempla la ampliación de la vía hasta la B-124 y la configuración de la Ronda Nord de los sistemas urbanos de Terrassa y Sabadell. El documento no menciona la posibilidad de extender la carretera hasta Granollers, por lo que esta opción no queda descartada. Tampoco se especifica el tipo de vía ni si será de alta capacidad. Se mencionan como ejemplo las rondas de Barcelona, que tienen entre dos y tres carriles por sentido.

El segundo protocolo firmado este viernes contempla las cuatro encomiendas de gestión incluidas en los PGE, con un presupuesto estimado de 914 millones: los intercambiadores entre la red de Rodalies y la de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), las obras de mejora de la N-260, los nuevos enlaces en la AP-2 y la AP-7, y la pacificación de la N-II en el Maresme.

Los intercambiadores previstos tienen un presupuesto estimado de 20 millones y conectarán las estaciones de Hospital General y Rubí, así como Volpelleres y Sant Cugat. Esto podría implicar que algunas infraestructuras se muevan de lugar. En cuanto a la N-260, las actuaciones aún no están definidas, pero no se incluirán obras que ya estén en marcha.

En relación a los nuevos enlaces de la AP-2 y la AP-7, el protocolo no contempla la construcción de un tercer carril. El Gobierno continuará la redacción de los proyectos y los entregará a la Generalitat para que pueda iniciar las licitaciones el próximo año.

Por último, el protocolo de la N-II en el Maresme reformula un convenio firmado en 2010 e incluye actuaciones como la pacificación de la vía, nuevos enlaces con la C-32 y la permeabilización de las vías de la R1 de Rodalies.