BARCELONA, 2 de enero.

La Policía Nacional llevó a cabo una operación el pasado 16 de diciembre que resultó en la liberación de un hombre que había estado cautivo de forma ilegal en un restaurante de comida rápida en Lliçà d'Amunt, una localidad cercana a Barcelona. La acción también resultó en la detención del propietario del establecimiento, según un comunicado emitido por la propia policía.

El dueño del local tenía al trabajador en una situación irregular y no le ofrecía ningún tipo de salario por las más de 13 horas de labor diario. En su lugar, solo le proporcionaba alimentos que consistían en sobras del restaurante y un lugar precario donde residir.

El afectado reveló a los agentes que dormía en la parte trasera del restaurante, y que su empleador cerraba con llave la entrada por fuera cada noche, impidiéndole salir.

Los policías confirmaron las declaraciones del trabajador tras encontrar una habitación improvisada en la parte posterior del establecimiento, que contenía colchones y pertenencias personales, aunque evidenciaba un alarmante estado de limpieza y salubridad.

Además, el hombre contó que su jefe le infundía temor al advertirle que salir del local podría acarrearle la detención por parte de las autoridades y complicaciones en su situación migratoria. Esto llevó al trabajador a sentir que su libertad estaba restringida exclusivamente a aquel lugar.

La víctima carecía de un contrato laboral y no estaba registrada en la Seguridad Social. Narró que su jefe le había exigido 10.000 euros para formalizar un contrato de trabajo.

Durante los 10 meses que llevaba en España, de los cuales pasó 8 trabajando bajo la promesa de obtener un contrato, el trabajador también relató abusos físicos y verbales por parte del dueño, quien le dijo que debía aguantar el frío sin ropa adecuada y que las ratas no lo atacarían, minimizando sus quejas sobre las condiciones insalubres.

Consciente de su vulnerabilidad económica y personal, el trabajador admitió que las condiciones en las que vivía y laboraba eran ilegales, pero sentía que la necesidad de un empleo era imperativa para su subsistencia en España, ya que le aseguraba comida y un techo.

Las circunstancias de este caso podrían constituir un delito de detención ilegal, dado que el trabajador fue mantenido en un estado de sometimiento y sin libertad. Actualmente, la víctima ha sido derivada a los servicios sociales.