En una reciente entrevista, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, abordó el polémico caso de presuntos abusos sexuales a una menor de 12 años, revelando que no recibió un informe completo sobre la situación al asumir su cargo. Este escándalo, que se remonta a los años 2020, 2021 y 2022, ha suscitado una gran preocupación en la sociedad catalana.

Martínez Bravo explicó que, afortunadamente, la menor en cuestión ya no estaba bajo el cuidado de las autoridades cuando ella llegó al Govern. A pesar de ello, la consellera admitió que aún no cuentan con toda la información sobre el caso, aunque aseguró que parece que la niña no se encuentra en una situación de desprotección. En sus declaraciones, enfatizó que se enteró de los hechos de manera reciente.

La consellera también defendió que la información transmitida durante el traspaso de poder tiene como objetivo la mejora de los procesos preventivos. Afirmó que estas transferencias no se centran en casos específicos que ya están siendo investigados por la justicia, lo que implica que se busca actuar en el ámbito de la prevención para evitar que situaciones graves continúen sucediendo.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que sus predecesores hubieran abierto algún expediente relacionado con este asunto, Martínez Bravo indicó que no tiene conocimiento de ello, aunque no se atrevío a descartarlo completamente. Esta afirmación deja abierta la puerta a la investigación sobre la gestión previa en la consellería.

Por otro lado, la consellera mencionó que hay una cantidad considerable de menores que han enfrentado violencia sexual en el contexto de la protección estatal, aunque su opinión es que la mayoría de estos incidentes ocurrieron antes de que los niños estuvieran bajo la tutela de la Dgaia. Afirmó que los casos donde se registran abusos durante la protección son, en su opinión, muy limitados.