BARCELONA, 26 de octubre.

Rubén Martínez, director del área de Ecología y Urbanismo del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), ha señalado que, además de la tensión geopolítica y el incremento de los costos energéticos, el verdadero responsable del incremento en el precio de los alimentos es lo que él califica como un "oligopolio alimentario".

En una reciente entrevista con Europa Press, Martínez presentó su informe titulado '¿Por qué sube el precio de la cesta de la compra?', en el que advierte sobre el impacto inflacionario que afecta de manera desproporcionada a los productos de menor precio, así como la especulación en el sector alimentario y la expansión de los márgenes de beneficio empresarial en tiempos de crisis.

"La agroindustria, que se encuentra altamente concentrada en manos de unos pocos, es la raíz del aumento de los precios de los alimentos", afirma Martínez, destacando las implicaciones de este modelo de negocio monopolístico.

El informe revela que en España, seis grandes conglomerados controlan más de 100 marcas significativas y generaron beneficios por valor de 1.281 millones de euros en 2024.

Martínez enfatiza que esta concentración del poder empresarial les otorga la capacidad de manipular los precios, especialmente durante situaciones de crisis, añadiendo que esta dinámica también ha permeado el sector financiero, al permitir que productos básicos como el maíz, el café y el arroz sean objeto de cotización en bolsas de valores.

Según datos del Banco Central Europeo, entre 2019 y 2024, los precios de los alimentos en la zona euro han visto un incremento del 33%, mientras que en España este aumento ha sido del 34%. Algunos productos como la carne, la leche y la mantequilla han aumentado de precio entre un 30% y un 50%, mientras que otros, como el café y el aceite de oliva, han superado el 80% de incremento.

El Salari de Referència del Área Metropolitana de Barcelona indica que, aunque el mayor gasto familiar es en vivienda, representando un 34% del presupuesto, los alimentos y bebidas ocupan un segundo lugar significativo con un 23%.

En este contexto, Martínez establece una comparación entre ambos sectores, indicando que ambos son esenciales y están sujetos a especulación, pero carecen del mismo nivel de regulación pública que, por ejemplo, la sanidad o la educación.

Ante esta problemática, el informe ofrece varias recomendaciones para mitigar esta tendencia, destacando su impacto en las familias con menor capacidad adquisitiva, tales como hogares monoparentales, personas mayores y trabajadores en empleos precarios.

Las soluciones propuestas se enfocan en dos áreas clave: la regulación del mercado agroalimentario y una respuesta pública para garantizar el abastecimiento alimentario.

Martínez subraya que "la administración no está vigilando los precios de los alimentos ni implementando precios máximos temporales, algo que contempla la normativa europea", haciendo un llamado a una "respuesta estatal" y europea que frene la especulación en el sector alimentario.

Como ejemplo, menciona a Francia, que ha implementado una cesta antiinflacionaria y un enfoque que promueve el consumo local de productos agrícolas franceses.

Más allá de las regulaciones de precios, Martínez sugiere que en Catalunya existen infraestructuras como Mercabarna, donde el Ayuntamiento de Barcelona es el principal accionista y que gestiona el 60% de la producción agrícola de la región, lo que podría jugar un papel crucial en la cadena de suministro alimentario.

"Es fundamental establecer más centros similares a Mercabarna en toda la región para conectar la producción local con el consumo, asegurando circuitos limpios y productos accesibles y ecológicos para todos", concluye Martínez.