El PSC muestra optimismo en la aprobación de los nuevos Presupuestos para 2026, mientras que sus aliados de gobierno enfatizan la necesidad de que se respeten los acuerdos previos. En contraste, Junts ha lanzado críticas acusando al Govern de una “desnacionalización” preocupante en el manejo de competencias esenciales como la inmigración y la vivienda.

Este viernes, las posturas de los diferentes partidos políticos del Parlament han sido tema de debate en TVE Catalunya (La2) y Ràdio 4, donde participaron representantes de varias formaciones, incluyendo PSC-Units, ERC, Junts, y el PPC, entre otros.

Los socios de investidura del PSC, ERC y Comuns, han expresado su inquietud sobre el cumplimiento de compromisos por parte del gobierno liderado por Illa. El portavoz del Comuns, David Cid, subrayó que es imperativo que se avance en los presupuestos, advirtiendo que no se les puede otorgar un “cheque en blanco” al Govern. Exigió acciones concretas en áreas críticas como la vivienda y la educación.

La portavoz del PSC-Units, Elena Díaz, se mostró confiada en la viabilidad de los nuevos Presupuestos, afirmando que su gobierno mantiene una trayectoria de cumplimiento. No obstante, el debate sobre la aprobación de estos presupuestos ha estado marcado por el desacuerdo, y las advertencias de ERC y Comuns sobre los compromisos no cumplidos están presentes.

Desde ERC, Ester Capella lanzó una crítica a la falta de una financiación justa para Catalunya, considerándola como un obstáculo considerable para cualquier nuevo acuerdo. Hizo un llamado a Junts para que se unan en dicha demanda, resaltando la importancia de un sistema de financiamiento adecuado.

Junts y el PPC, por su parte, han puesto en duda la capacidad del Govern al no presentar nuevos presupuestos en 2025, tildando ello como un incumplimiento grave. La CUP, en cambio, cuestionó la lógica detrás de las propuestas de reducción de impuestos de ciertos partidos, cuestionando qué recortes en servicios públicos se generarían a partir de esas decisiones.

En el contexto de la reciente decisión del Congreso contra la delegación de competencias de inmigración a Catalunya, los representantes provisionales han reiterado su apoyo a la idea de gestionar estas competencias. Por su parte, Mònica Sales de Junts, expresó su descontento con los insultos recibidos, defendiendo que se debe priorizar la integración adecuada de inmigrantes a través de los recursos necesarios.

El PPC ha advertido que Catalunya no está preparada para aceptar más competencias, con un diagnóstico que coincide con las opiniones de Vox y Aliança Catalana, quienes abogan por medidas más estrictas como el cierre de fronteras y la deportación de delincuentes. Este punto de vista fue rechazado por Capella y Cid, quienes abogan por un debate más centrado en cuestiones de fondo en lugar de caer en soluciones simplistas.

En el ámbito de la vivienda, el PPC recalcó la urgencia de abordar la ocupación ilegal, abogando por una reducción de impuestos y el fomento de la construcción privada para combatir la crisis. Esto fue respaldado por Orriols y Garriga, quienes coinciden en priorizar la asistencia a los ciudadanos nacionales en programas de ayuda y vivienda oficial.

Cid, por su parte, desestimó la relevancia de la ocupación ilegal en comparación con los desahucios, pidiendo una unidad antidesahucios para enfrentar la situación, mientras que Vega propuso un impuesto a la riqueza para frenar la concentración de propiedades. A su vez, Sales defendió un enfoque legislativo que respete las competencias autonómicas mientras Capella propuso controles en el alquiler como una solución viable a los problemas actuales del sector.

Díaz, concluyó enfatizando que, aunque los desafíos son comunes a todo el país, el Govern está adoptando medidas como ofrecer préstamos a jóvenes para facilitar la compra de viviendas y un plan para construir una cantidad significativa de nuevas casas.