En el centro de la polémica se encuentran las conselleras de Acción Exterior y Educación de la Generalitat, Meritxell Serret y Anna Simó (ERC), quienes han tomado la decisión de solicitar la recusación de 4 magistrados del Tribunal Supremo: el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y los magistrados Carmen Lamela, Andrés Martínez Arrieta y Antonio del Moral.

Esta petición se fundamenta en la supuesta "falta de imparcialidad" que las conselleras atribuyen a estos magistrados debido a sus intervenciones jurisdiccionales previas, especialmente en lo que concierne a la aplicación de la Ley de Amnistía en sus casos.

Además, en el caso de Serret, también se ha solicitado la recusación del magistrado Leopoldo Puente Segura, ampliando así la solicitud de apartamiento de estos jueces del proceso.

Ante esta situación, los republicanos han anunciado que el Tribunal Supremo ha suspendido la deliberación sobre la aplicación de la Amnistía en las causas de las conselleras a la espera de resolver el tema de la recusación.

Este impasse afecta directamente a Serret en relación a su causa por su participación en el referéndum del 1-O cuando ocupaba el cargo de consellera de Agricultura dentro del Govern.

Por otra parte, Simó se ve implicada en la causa contra la Mesa del Parlament del año 2017, junto a la expresidenta Carme Forcadell y otros miembros del órgano parlamentario.

La acusación en todos los casos se centra en el delito de desobediencia, y desde el ámbito republicano se ha expresado la preocupación de que "exista una parte de la judicatura que intente eludir la aplicación de la ley" en estos casos.