En la región de Girona y La Seu d'Urgell, se llevó a cabo una notable concentración de tractores como parte de un movimiento reivindicativo que busca una gestión más efectiva de la fauna en la zona. Esta movilización, que tuvo lugar el 13 de agosto, fue convocada por Unió de Pagesos, un sindicato agrícola nacional que ha expresado su descontento con la actitud del Departamento de Agricultura, Pesca, Ganadería y Alimentación de la Generalitat.

Raquel Serrat, la líder de la coordinadora nacional de Unió de Pagesos, criticó a la Generalitat por lo que ella considera una rendición ante las presiones ejercidas por los cazadores. Según Serrat, esta dinámica perjudica la implementación de políticas adecuadas para el manejo de la fauna salvaje y pone en riesgo el sector agrícola local.

La protesta en Girona no pasó desapercibida, ya que contó con la participación de aproximadamente cincuenta personas y una veintena de tractores, que se unieron para expresar sus preocupaciones sobre el control de la población de especies problemáticas.

Serrat recordó que el año anterior, el gobierno catalán había aprobado un decreto ley que contemplaba medidas sugeridas por el sindicato, destinadas a regular la sobrepoblación de especies cinegéticas que provocan daños significativos a la agricultura. Este decreto permitiría que los agricultores protejan sus tierras en situaciones problemáticas.

En este contexto, la organización también ha solicitado la derogación de la antigua Ley de Caza estatal, vigente desde 1970, argumentando que es obsoleta y no aborda adecuadamente los desafíos actuales relacionados con la sobrepoblación de especies, que están generando daños insostenibles a los cultivos.

A pesar de las promesas del gobierno, Serrat destacó que la normativa aún no se está ejecutando de manera efectiva. Habló sobre dos planes de control existentes: uno para los conejos en la Plana de Lleida y otro para los jabalíes en Rocacorba, indicando que en este último caso se habían retirado los permisos debido a la presión ejercida por los cazadores.

Serrat lamentó que, aunque existen cazadores que reconocen el problema y hacen un trabajo responsable, otros parecen priorizar sus propios intereses recreativos y económicos. En su opinión, cuando el gobierno cede a estas presiones, son los agricultores quienes terminan pagando las consecuencias de los daños causados por la fauna descontrolada.