El 10 de septiembre en Barcelona, la diputada de la CUP, Laure Vega, ha manifestado que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de anular parte del decreto interino sobre el régimen lingüístico en las escuelas catalanas representa un "ataque político".

Vega expuso sus críticas en una conferencia de prensa llevada a cabo en el Parlament, donde estuvo acompañada por figuras destacadas del ámbito educativo y estudiantil, entre ellas Tània Ros, portavoz del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), y Gerard Furest, portavoz de la Plataforma Pública i en Català (PIEC).

La parlamentaria condenó que, aunque el fallo no modifica aspectos internos de las escuelas, sí afecta a la lengua vehicular utilizada en ellas. Aseguró que esto supone un asalto directo a la inmersión lingüística, la cual considera seriamente amenazada.

Además, advirtió que esta sentencia podría ser solo el principio de un proceso más amplio y que sirve como un mensaje claro al pueblo catalán sobre la dirección que deberían tomar las políticas educativas en la región.

Vega criticó la intervención de los tribunales en Cataluña, señalando que están imponiendo políticas alineadas con los intereses de partidos como el PP y Vox en el resto de España. Reiteró el compromiso de la CUP de oponerse a esta tendencia judicial.

La diputada lamentó que los recientes pronunciamientos judiciales envían un mensaje preocupante: que la lengua catalana no es un derecho que deba ser garantizado ni priorizado en el sistema educativo.

Se mostró contundente al afirmar que los poderes judiciales están socavando la voluntad democrática de los ciudadanos catalanes, sugiriendo que el futuro de las políticas lingüísticas ya no se decidirá por la educación de los catalanes, sino por decisiones judiciales.

Cuando se le preguntó sobre la intención del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de apelar la sentencia, Vega la calificó como una "buena noticia".

Por su parte, Furest subrayó que la sentencia del TSJC contradice claramente la ley de Educación de Cataluña promulgada en 2009, poniendo en duda la equidad en el trato hacia la lengua catalana.

En sus declaraciones, Furest consideró que el Estado español actúa como una etnocracia, favoreciendo a un sector cultural y lingüístico específico. Añadió que el fallo judicial abre la posibilidad de que las instituciones escolares decidan el idioma a utilizar para la integración de alumnos recién llegados.

Ros, por su parte, advirtió que los índices de uso del catalán en la sociedad están empeorando y criticó la manera en que las iniciativas catalanas son constantemente bloqueadas por el sistema judicial.

Finalmente, el representante de USTEC hizo un llamado a la Generalitat para que respalde el uso y defensa del catalán, mientras que la portavoz de CGT expresó su escepticismo sobre la capacidad del Govern para revertir esta situación lingüística desfavorable.