BARCELONA, 28 Oct. — La diputada de la CUP en el Parlament, Laure Vega, ha manifestado su opinión sobre la reciente decisión de Junts de romper con el PSOE en Perpignan, Francia, indicando que esta acción no representa un cambio significativo en la postura del partido liderado por Carles Puigdemont a lo largo de la actual legislatura en el Congreso.

Vega, en una rueda de prensa desde la Cámara catalana, criticó la tendencia de Junts a votar en contra de iniciativas que buscan ampliar derechos para los trabajadores, mientras que, según ella, el partido ha respaldado medidas que favorecen a las grandes corporaciones.

La diputada expresó su confusión ante los recientes movimientos de Junts, sugiriendo que el partido parece estar siguiendo el compás de Aliança Catalana (AC), perdiendo así su autonomía y compromiso original.

“No es aceptable que una formación política, aún con un cambio de nombre, se convierta en una versión atenuada de un grupo reaccionario”, declaró Vega, defendiendo la necesidad de mantener valores democráticos en la política catalana.

En el ámbito de la vivienda, la diputada anunció que el próximo pleno abordará la regulación de alquileres de temporada y habitaciones, instando a las demás fuerzas políticas a posicionarse: “Deben decidir si están del lado de la mayoría de las clases trabajadoras o apoyando a una minoría que se beneficia del mercado inmobiliario.”

La CUP, según Vega, ha conformado un equipo de juristas especializados en temas de vivienda, con el objetivo de colaborar con el movimiento de defensa del derecho a la vivienda y ofrecer información útil para la discusión legislativa.

“Es crucial poner fin a la especulación. Si consideramos la vivienda como un derecho, no debería ser objeto de especulación y estos derechos tienen que reflejarse en leyes concretas”, afirmó la diputada.

Al ser cuestionada sobre el reciente decreto relacionado con el despliegue de energías renovables, pactado entre el Govern, ERC y Comuns, Vega señaló que aún deben revisar el acuerdo. Sin embargo, enfatizó que asuntos como la vivienda y la energía no pueden quedar exclusivamente en manos privadas.

“Cualquier inversión pública en estas infraestructuras debería ir acompañada de un control y propiedad pública,” concluyó, defendiendo un enfoque más social y equitativo en la gestión de recursos fundamentales.