En el contexto de un escándalo de espionaje que amenaza con sacudir las instituciones del Estado, se ha anunciado que 67 víctimas han sido identificadas hasta ahora, aunque se afirma que la cifra real podría ser mucho mayor. Este asunto toma un giro significativo con la inminente presentación de una querella por parte de seis de estas víctimas, quienes tienen la intención de hacer frente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Civil, así como a las empresas detrás de los softwares espías Pegasus y Candiru.

La querella será formalizada la próxima semana a través de la recién creada asociación internacional Sentinel Alliance, presentada el día de ayer en Barcelona. Esta organización, que ha sido establecida en Suiza por víctimas de tecnologías de espionaje, tiene como objetivo principal desenmascarar y combatir el abuso de tales aplicaciones perjudiciales.

En el evento de lanzamiento de la asociación y la querella, se contó con la participación de los abogados Xavier Muñoz y Alejandro Gámez, junto con el activista Joan Arús. Ellos explicaron que la acción legal se interpondrá ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos relacionados con el descubrimiento y la revelación de secretos informáticos, así como por la intrusión no consentida en datos personales, con un agravante adicional por la posible actuación de un grupo criminal.

Joan Arús, quien actúa como portavoz y presidente de Sentinel Alliance, expresó su preocupación por la "doble victimización" que enfrentan las víctimas y sus familias como resultado de estos programas de espionaje, incluyendo el seguimiento físico y campañas de desinformación. Esta preocupación se suma a la lucha contra prácticas legales que se perciben como persecutorias.

Sentinel Alliance se ha diseñado para ser un refugio para todas las víctimas de espionaje a nivel mundial, enfocándose particularmente en los afectados por el caso conocido como 'Catalangate'. Arús añadió que su meta es fortalecer la colaboración con diferentes colectivos que representen a las víctimas.

En esta línea, Alejandro Gámez subrayó la importancia de agrupar casos individuales en una única causa para así optimizar el proceso judicial. Resaltó que esta será la primera querella presentada específicamente contra Candiru, ya que las denuncias previas se habían enfocado en Pegasus.

Como base para las acusaciones, Gámez puntualizó que ya existe evidencia de espionaje entre 2019 y 2020, destacando el informe de CitizenLab, que revela al menos 67 víctimas identificadas, aunque se sospecha que el número puede ser significativamente mayor.

El abogado Muñoz remarcó que esta es la "primera acción" de Sentinel Alliance en los tribunales, y criticó el hecho de que al intentar ejercer el derecho de defensa de sus clientes, no se les permitió conocer los motivos de la investigación. “La única razón por la que pudimos conocer las acusaciones fue a través de medios de comunicación, lo que nos permitió preparar la defensa”, afirmó, añadiendo que este tipo de espionaje no es un caso aislado, sino una práctica común en numerosos casos relacionados con Catalunya.

A pesar de las "dificultades" anticipadas durante el proceso judicial, Muñoz está decidido a avanzar con la querella para identificar a los responsables de estas "infecciones", así como a aquellos que dieron su visto bueno o que simplemente no hicieron nada al respecto.

Arús también mencionó que Sentinel Alliance se establece con la misión de concienciar sobre los peligros asociados a esta tecnología a través de acciones que visibilicen la problemática, buscando cambios en la normativa para que quienes han violentado derechos democráticos respondan ante la justicia.

“Es crucial que la sociedad conozca esta realidad: la democracia está en riesgo cuando se infringen los principios fundamentales en los países occidentales. Hoy nos ha tocado a nosotros, pero mañana podrían ser ustedes”, advirtió Arús, dejando clara su preocupación por el futuro de las libertades democráticas.

Las seis víctimas que interpondrán la querella incluyen a Arús, el investigador de CitizenLab Elies Campo, el empresario y activista Joan Matamala, así como a los desarrolladores tecnológicos Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives.

Finalmente, Arús criticó la existencia de un "circuito paralelo e ilegal" que facilita infiltraciones con razones políticas y represivas. Además, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de haber mentido en sus declaraciones sobre el uso de programas de espionaje por parte de la Guardia Civil.