Una reciente investigación revela que el número de menores de edad expulsados del sistema en Cataluña ha experimentado un alarmante aumento, multiplicándose por ocho en solo tres años. Este aumento se ha visto reflejado en una serie de sentencias judiciales, donde se ha dictaminado que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, ahora conocida como Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència, ha cerrado expedientes de desamparo de niños migrantes a los que se les han vulnerado sus derechos a través de pruebas biométricas que determinan su edad.

Clara Calderó, coautora de un informe titulado 'Abandonament i violència institucional vers les persones migrants', hizo estas revelaciones en una conferencia de prensa celebrada en el Col·legi de Periodistes de Catalunya. En este acto, representantes de Novact e Irídia, junto a varios juristas, presentaron el contenido del documento, que pone de manifiesto cómo las políticas migratorias actuales están generando situaciones de desprotección sistemática para los niños y jóvenes.

El informe examina tres áreas críticas vinculadas a las fronteras de Cataluña: las llegadas por vía marítima a las Islas Baleares, la acogida de menores y jóvenes sin adultos responsables en Barcelona, y el tráfico migratorio en la frontera catalana-francesa. Calderó afirmó que, según los hallazgos de este estudio, en Cataluña se están expulsando menores de los centros gestionados por la Generalitat, incluso cuando cuentan con documentación que respalda su edad, dejándolos en situación de calle y en condiciones de alta vulnerabilidad.

Aunque no se dispone de cifras oficiales sobre cuántos menores se han visto afectados, datos del portal de transparencia del gobierno catalán sugieren que el número de jóvenes considerados mayores de edad mediante pruebas biométricas ha pasado de 50 en 2021 a más de 400 en 2024. Este incremento es preocupante y pone de manifiesto la falta de un enfoque humano en las políticas migratorias.

Laia Costa, jurista especializada en migración e infancia no acompañada, mencionó que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la validez de un pasaporte oficial que no ha sido cuestionado es suficiente para acreditar la minoría de edad. Si se cuenta con un pasaporte legítimo, no se deberían realizar pruebas biométricas, y si éstas ya han sido iniciadas, la administración está obligada a cerrar el caso al presentarse un documento identificativo.

Sin embargo, la realidad es que muchos menores son llevados a la Fiscalía para someterse a estas pruebas, a pesar de presentar una identificación válida. Costa subrayó que este no solo es un problema de racismo sistemático, sino también un incumplimiento claro de las leyes que protegen a la infancia. Además, España es uno de los pocos países en Europa que todavía se basa en pruebas óseas, que son ampliamente criticadas por su imprecisión.

La abogada Marta Llonch del turnos de oficio en la Col·legi d'Advocats de Barcelona concordó en que tanto la Fiscalía como la Dgppia están infringiendo la ley al realizar pruebas médicas innecesarias sobre menores que ya tienen documentos de identidad. Llonch insistió en que estas pruebas son invasivas y poco fiables, basadas en criterios demográficos que no se aplican a los menores de origen africano.

La situación se agrava aún más cuando los menores se niegan a someterse a estas pruebas; en esos casos, la Fiscalía automáticamente los declara adultos, ignorando el principio de que en caso de duda, se debe presuponer la minoría de edad. Llonch compartió un caso donde un joven senegalés con un certificado de nacimiento y un documento de identidad fue forzado a someterse a las pruebas, a pesar de su negativa.

Este joven terminó en la calle después de ser declarado mayor de edad por la Fiscalía, a pesar de que su documentación indicaba claramente que era menor. Llonch relató cómo el menor fue despojado de su situación de tutela y se encontró sin hogar, llevando sus pertenencias en bolsas de basura.

Aunque hay opciones de apelación para estos casos, el proceso puede ser largo y complicado, lo que a menudo lleva a que el menor haya alcanzado la mayoría de edad o se haya ido del país antes de que se resuelva el asunto. Costa destacó que muchos menores no son informados sobre sus derechos al entrar en los centros y recordó que el Comité de Derechos del Niño ha emitido numerosas recomendaciones contra el Estado español por violar la Convención de Derechos del Niño en su manejo de los menores migrantes no acompañados.

Por su parte, Úrsula Ruiz, abogada y miembro de Irídia, explicó que muchos jóvenes que son considerados mayores por la Fiscalía son obligados a abandonar los centros en un plazo de 15 días, sin recibir ninguna orientación hacia alternativas habitacionales. Esto truncar su educación y afecta profundamente su vida y redes sociales, llevándolos a la indigencia tras salir del sistema. Según alerta varias entidades, muchos jóvenes permanecen en situación de calle entre 6 y 8 meses después de dejar un centro, sin acceso a recursos residenciales.

Esta difícil realidad crea graves obstáculos para que estos jóvenes cubran sus necesidades básicas como alimentación y vivienda, reflejando una discriminación hacia la infancia inmigrante que es inaceptable en una sociedad que debe proteger a sus más vulnerables.