El Defensor del Pueblo de Barcelona, bajo la dirección de David Bondia, ha hecho un llamado urgente al Ayuntamiento para que revise y mejore sus protocolos en situaciones que involucran a menores. Esta recomendación surge tras un preocupante incidente donde una familia con niños se vio obligada a dormir en la calle.

En un comunicado emitido recientemente, la Sindicatura expone la difícil situación de una familia que, tras llegar a la ciudad buscando atención médica para uno de sus miembros, terminó sin hogar. A pesar de intentar obtener ayuda de los servicios sociales, sus esfuerzos resultaron en vano, lo que llevó a la familia a una situación desesperada.

En noviembre de 2024, la familia se puso en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB). Aunque inicialmente se les proporcionó alojamiento por un breve periodo, posteriormente fueron derivados al Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER). Allí, se encontraron con la desalentadora noticia de que no había opciones de alojamiento disponibles.

A lo largo de los siguientes meses, la familia realizó múltiples seguimientos y fue víctima de una estafa, lo que les obligó a buscar asistencia nuevamente en el CUESB en mayo de 2025. Sin embargo, el resultado fue el mismo y su situación continuó empeorando.

Incluso después de acercarse al CUESB en varias ocasiones, se les recomendó que buscaran por su cuenta un lugar donde quedarse, y se les negó el acceso a un alojamiento temporal de urgencia. Esta serie de eventos ha generado una gran preocupación entre los defensores de los derechos de los menores.

La Sindicatura de Greuges ha calificado este suceso como “inaceptable”, resaltando que la existencia de niños durmiendo en la calle no puede ser tolerada en una ciudad como Barcelona. Con ello, se hace un llamado a la acción para que se implementen nuevas estrategias cada vez que las soluciones actuales demuestren ser ineficaces, a fin de proteger los derechos y necesidades de los más vulnerables.

Finalmente, el comunicado destaca la necesidad de realizar una revisión exhaustiva de los protocolos en casos que involucran a menores, asegurando que se priorice su bienestar y se garantice el acceso a sus derechos fundamentales en todo momento.