El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu ha presentado un recurso contra el auto del juez que vincula a todos los implicados en el caso Negreira con un presunto delito de cohecho. Bartomeu rechaza esta acusación y argumenta que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a la que pertenece el Comité Arbitral, no es una entidad pública y, por lo tanto, sus directivos no pueden ser considerados funcionarios a efectos penales. El abogado de Bartomeu sostiene que el objetivo del juez es cambiar la dirección de la investigación y critica la falta de pruebas que demuestren influencia sobre los árbitros por parte de Negreira. Además, señala que si Negreira debe ser considerado funcionario público, lo mismo debería aplicarse al ex presidente de la RFEF, Luis Rubiales.

El abogado de Bartomeu explica que la Federación no está controlada por la administración y, por lo tanto, no puede considerarse una entidad pública. Además, argumenta que si se califica el presunto delito de cohecho como válido, también debería considerarse una agresión a un árbitro como una agresión a un funcionario público, lo cual carece de sentido.

El auto que Bartomeu ha recurrido también acusa de presunto cohecho a Negreira, su hijo Javier, el Barça como persona jurídica, el ex presidente Sandro Rosell, los ex directivos Óscar Grau y Albert Soler, y la empresa DASNIL 95 SL de Negreira. El juez sospecha que los pagos del Barça a Negreira durante 18 años generaron efectos arbitrarios favorables al club y cree que hubo corrupción sistémica en el arbitraje español. Además, el juez destaca que Negreira envió una carta amenazante a Bartomeu después de que el club prescindiera de sus servicios, insinuando que revelaría información perjudicial para el club si no seguían pagándole.