En un reciente desarrollo en el Parlament, se ha dado a conocer la aprobación de una proposición de ley que modifica la fiscalidad de los centros recreativos turísticos, afectando directamente a iniciativas como el Hard Rock. Este cambio legislativo contó con el respaldo de PSC-Units, ERC, los Comuns y la CUP, con Aliança Catalana optando por la abstención, mientras que Junts, PP y Vox se manifestaron en contra.

El debate sobre esta propuesta, que se origina en esfuerzos conjuntos de ERC y los Comuns, se esperaba que culminara en el último pleno del año 2024. No obstante, la presentación de una solicitud de dictamen por parte de Junts al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) alteró el calendario previsto.

En esencia, la proposición conserva los impuestos actuales sobre el juego, que sitúan el tipo impositivo en un 55% para los casinos con mayor volumen de negocio, además de eliminar la rebaja al 10% que se había establecido en 2014. Esta última modificación estaba condicionada al inicio de actividades de juego y apuestas en el Hard Rock, ubicado en el centro turístico de Vila-Seca y Salou, en la provincia de Tarragona.

Durante la jornada, la Cámara rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Junts, recibiendo el ‘no’ del PSC-Units, ERC, los Comuns y la CUP, mientras que el resto de los grupos se posicionaron a favor. También fueron desechadas múltiples enmiendas propuestas por la CUP tanto en la exposición de motivos como en el articulado de la ley.

Raquel Sans, diputada propulsora de la iniciativa, sostuvo que su posición se ha mantenido constante, aunque en la legislatura anterior no existieron las mayorías necesarias para erradicar los privilegios fiscales. Criticó a PSC y Junts, recordando que durante la campaña electoral sus líderes se expresaron en contra del proyecto: "¿Debemos los ciudadanos de Tarragona aceptar lo que no quieren en ningún otro lugar? Si no lo aprueban en su propio hogar, es evidente que la propuesta no es tan deseable", declaró.

Por su parte, Jéssica Albiach, presidenta de los Comuns en el Parlament, elogió la votación como un triunfo colectivo que aleja el riesgo de que Catalunya se convierta en la "Las Vegas de Europa"; enfatizando que el debate sobre el Hard Rock no solo afecta a Tarragona, sino al conjunto del país. "Es responsabilidad de los partidos y los gobiernos establecer límites a quienes desean lucrar con nuestras vidas", subrayó.

Desde la bancada del PSC, Jordi Riba manifestó que su voto se orientó hacia el cumplimiento "riguroso e inequívoco de los acuerdos". Aclaró que la decisión sobre la viabilidad del proyecto recae únicamente en el promotor, insistiendo en que la derogación efectuada solo afecta a las medidas fiscales, que reducían el tipo impositivo del 55% al 10%.

El diputado Joaquim Calatayud, de Junts, aseguró que el Hard Rock no solo aporta beneficios, sino que es comparable en sus ventajas al proyecto Lotte Energy en Mont-roig (Tarragona). Instó al Govern a mostrar valentía y propiciar la realización del proyecto, argumentando que no se trata únicamente de un casino, sino de un desarrollo que incluye hoteles y centros comerciales.

Desde el PP, Pere Lluís Huguet criticó a los socialistas, señalándolos como responsables de la posible caída del Hard Rock, un proyecto que, según reafirmó, tenía el potencial de generar 12.000 empleos. Advierte que el cambio en la fiscalidad modificaría las condiciones fundamentales del concurso del casino, lo cual, a su entender, podría desencadenar una indemnización millonaria.

El diputado de Vox, Javier Ramírez, expresó su pesar por la posible pérdida de más de 12.000 empleos en Tarragona. Argumentó que el proyecto contaba con el apoyo de la mayoría de grupos políticos en las administraciones locales, y criticó a PSC por su cambio de postura, debido a las ambiciones del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de alcanzar el liderazgo a cualquier costo.

La líder de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, alertó que la eliminación de privilegios fiscales no implica la cancelación del Hard Rock, ya que el Plan Director Urbanístico (PDU) permanece intacto. Criticó la gestión del Govern encabezado por ERC durante la legislatura previa, afirmando que su partido no es simplemente el 'no' a todo, sino que están en contra de las políticas que consideran perjudiciales para el Camp de Tarragona.

Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, concluyó que la votación no significa el fin del proyecto Hard Rock, sino simplemente una reversión de algunas disposiciones. Calificó el proyecto de problemático, vinculándolo al aumento de la ludopatía y a un modelo turístico de masificación. Orriols acusó a los Comuns y ERC de intentar demostrar una influencia en el Govern que, a su juicio, resulta irrisoria.