En una reciente sesión del Parlament, se ha logrado la validación del decreto ley propuesto por el Govern para posponer la implementación de la nueva tasa turística, extendiendo su aplicación hasta octubre. Esta decisión contó con el respaldo del PSC-Units, ERC y Comuns, mientras que Junts, PP, Vox, CUP y Aliança Catalana votaron en contra. El decreto será tramitado como proyecto de ley, marcando un paso significativo en la gestión fiscal catalana.

La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, enfatizó que la prórroga representa una medida "correctora y garantista" destinada a proporcionar una mayor seguridad jurídica. Según ella, el cambio era necesario para respetar el proceso parlamentario: "Si hubiese entrado en vigor el 1 de mayo, se habría aplicado en su forma original sin la posibilidad de modificaciones por parte de los grupos", explicó.

Romero añadió que el propósito de esta acción es mantener la coherencia normativa y asegurar la protección de los operadores ante la nueva carga tributaria. "Se busca garantizar la aplicación ordenada de este impuesto, asegurando que se implementará de una manera correcta y estructurada", aseveró.

Este decreto llegó al pleno tras un dictamen no vinculante del Consell de Garanties Estatutàries, solicitado por Junts, que cuestionaba la urgencia del trámite. A pesar de este dictamen, Romero defendió que la modificación de impuestos a través de decretos leyes no es un hecho nuevo, defendiendo su elección: "Es esencial evitar crear más incertidumbre o inseguridad en un contexto ya complicado", señaló.

En mayo, el Parlament había aprobado la tasa turística, pero rechazó previamente una propuesta para postergar su aplicación. Sin embargo, después de negociaciones con los Comuns, se alcanzó un acuerdo para que el parlamento aprobase la extensión deseada.

Finalmente, se espera que la nueva tasa sea aplicable "en el primer periodo de liquidación que comience tras la aprobación de la ley" en el Parlament, marcando un periodo de reflexión y ajuste para las partes involucradas en el ámbito fiscal. Esta medida es vista como un intento por parte del Govern de suavizar la transición hacia un régimen impositivo que muchos sectores consideran polémico.