En un reciente desarrollo en el ámbito político catalán, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha afirmado que el Govern explorará diversos instrumentos para asegurar que se dispongan de los mejores recursos a pesar de no contar con un presupuesto formal. Esta declaración surge en el contexto de la aprobación, por parte del pleno del Parlament, de un decreto que aborda las necesidades financieras del sector público durante un periodo de prórroga presupuestaria.

El decreto fue ratificado el pasado miércoles con el apoyo del PSC-Units, ERC y Comuns, mientras que recibió el rechazo de los grupos Junts, PP, Vox, CUP y Aliança Catalana. Esta situación refleja una clara división en el Parlament sobre cómo gestionar las finanzas públicas en un momento de incertidumbre económica.

Entre las medidas que se incluyen en el decreto, destaca un incremento del 3% en el Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) y la resolución de los pagos indebidos asociados a la renta garantizada de ciudadanía (RGC). Estas decisiones buscan aliviar la presión sobre los segmentos de la población más vulnerables, aunque las críticas acerca de la gestión interna del Govern persisten.

Notablemente, este decreto fue presentado como una respuesta a la negativa de ERC de negociar los presupuestos para 2025 con el Govern del PSC, llevando a la situación actual donde las cuentas han tenido que ser prorrogadas. Romero ha solicitado comprensión por parte de los diferentes grupos parlamentarios, recordando que se encuentran en una posición de dificultad debido al escaso apoyo parlamentario que poseen en forma de 42 diputados.

En su intervención, Romero subrayó la determinación del Govern para avanzar con los Presupuestos de la Generalitat, aunque advirtió que la falta de recursos significaría que tendrían que buscar alternativas disponibles dentro del Parlament para obtener los máximos recursos necesarios para enfrentar los desafíos actuales.

La gestión de la renta garantizada de ciudadanía fue un punto de controversia durante la sesión, donde se buscó una solución temporal y no definitiva para ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad. Romero criticó que las deficiencias en la gestión interna estuvieran perjudicando a los ciudadanos más necesitados.

Por su parte, en el debate, el diputado de Junts, Antoni Castellà, acusó al presidente del Govern, Salvador Illa, de ser "arrogante" por prometer presupuestos que nunca llegaron. Castellà exigió la retirada del decreto de prórroga y un enfoque más proactivo hacia la cobertura de las emergencias administrativas.

Asimismo, el representante de ERC, Albert Salvadó, estableció un plazo de un año para que el Govern se comprometa con un "concierto económico solidario para Catalunya". Salvadó enfatizó que la falta de financiación singular obstaculizaría la aprobación de futuros presupuestos, incluso para el año 2026.

Desde el PP, Juan Fernández criticó fuertemente al Govern, calificando la situación actual como un gran engaño, subrayando que las prioridades del ejecutivo actual se alinean más con las de los gobiernos independentistas previos y instando a una reformulación de las estrategias políticas en Cataluña.

Por otro lado, María García Fuster de Vox se pronunció en términos contundentes, argumentando que el Govern, mediante este decreto, simplemente busca sobrevivir a costa del dinero de los catalanes. García Fuster llamó a una convocatoria electoral inmediata, reflejando el descontento con la actual gestión del gobierno.

En contraposición, David Cid, en nombre de los Comuns, reprochó a Junts por su oposición al decreto, indicando que la no aprobación habría llevado a una crisis en la Generalitat. Además, insistió en que el Govern debe honrar los acuerdos de investidura, incluso en la ausencia de presupuestos claros para 2025.

Finalmente, la diputada de la CUP, Laure Vega, instó a Illa a reconocer la realidad de su minoría en el Parlament y realizar un esfuerzo más serio en su labor política. Vega se mostró indignada por no haber sido informada adecuadamente sobre un régimen sancionador de la Ley de Vivienda previamente acordado con los Comuns.

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, fue clara al señalar que su grupo se negará a aceptar prórrogas sin una adecuada fiscalización que evite el acceso fraudulento a las ayudas. Pese a esto, expresó su apoyo a la continuidad de inversiones en infraestructuras ya en marcha.

En conclusión, Jordi Riba del PSC defendió el decreto señalando que es una medida necesaria para abordar las necesidades financieras de la Generalitat. Riba criticó a Junts, recordando que la incapacidad para aprobar presupuestos no es un fenómeno reciente, pues ha afectado también a gobiernos anteriores en diversas ocasiones.