En la jornada de hoy, el Parlament de Catalunya ha dado luz verde al proyecto de ley que promueve el Estatuto de Municipios Rurales, una iniciativa crucial diseñada para abordar el grave problema de la despoblación en el ámbito rural. Este nuevo marco legal impactará a 608 de los 947 municipios en la región, lo que representa un significativo 64% de la totalidad.

La ley, que había sido propuesta durante la anterior legislatura pero no pudo ser aprobada debido a un anticipo electoral, ahora cuenta con el respaldo de una amplia gama de partidos, incluyendo PSC-Units, Junts, ERC, PP, Comuns, CUP y Aliança Catalana. La única voz en contra ha sido la de Vox, destacando la controversia que este tema suscita en diferentes sectores políticos.

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha calificado este día de “histórico”, prometiendo un firme impulso en la implementación del estatuto. Ha expresado su satisfacción por el consenso alcanzado en la cámara legislativa y ha anticipado que esta medida conducirá a una Catalunya más cohesionada y equitativa, enfocándose especialmente en las realidades de cada uno de los municipios.

Dalmau ha enfatizado un concepto fundamental: “La igualdad no se define como el tratamiento uniforme de todos, sino como el trato justo a quienes enfrentan desigualdades”. Se ha comprometido a proporcionar apoyo a los municipios que atraviesan mayores desafíos y que carecen de recursos en comparación con las grandes urbes de la comunidad.

La sesión del Parlament ha contado con una notable presencia de figuras políticas, incluyendo a expresidentes y exvicepresidentes de la Generalitat, así como a presidentes de las cuatro diputaciones catalanas y representantes de asociaciones municipalistas y de consejos comarcales.

Según el texto legislativo, un municipio se clasifica como rural si tiene menos de 2.000 habitantes y pertenece a una comarca rural. Se incluye también a los de menor densidad poblacional o aquellos que han experimentado un descenso en su población en la última década.

Particularmente, los municipios con menos de 500 habitantes han sido etiquetados como "municipios rurales de especial atención", y se han incorporado dos localidades de Lleida como excepciones, debido a su configuración poblacional específica.

Esta categorización se revisará cada cuatro años, permitiendo ajustes basados en las variaciones demográficas dentro de un rango del 5%. Además, el nuevo marco requiere que todas las políticas públicas consideren la “perspectiva rural” y su impacto potencial a nivel territorial, económico y medioambiental.

Entre las medidas a implementar, se destaca la creación de un fondo específico para municipios rurales que incluirá líneas de subvenciones y la posibilidad de ofrecer incentivos fiscales relacionados con la compra y rehabilitación de viviendas en estas áreas.

Por último, se prevé la simplificación de los procedimientos burocráticos para los ayuntamientos, que a menudo sufren por la falta de personal, mediante la creación de un portal único donde se integrarán todos los trámites y servicios necesarios para la gestión municipal.