BARCELONA, 4 de noviembre.

Este miércoles, el Parlament de Catalunya se prepara para ratificar una nueva ley sobre el derecho a recibir atención adecuada y a una administración eficiente, promovida por una coalición que incluye al PSC-Units, ERC y Comuns. La propuesta avanza a través del procedimiento exprés de lectura única, buscando una adopción rápida.

El debate final presenta 24 enmiendas al texto original, de las cuales 21 son del partido Junts y 3 del PP. Entre las modificaciones, se destaca la intención de eliminar la obligatoriedad de solicitar cita previa, así como la mejora en la transparencia del lenguaje administrativo. También se reconoce el derecho de los ciudadanos a corregir errores administrativos sin temor a sanciones por actos de buena fe.

La normativa estipula que los funcionarios públicos serán responsables únicamente en casos de negligencia grave o culpa manifiesta. Asimismo, garantiza que los errores administrativos no perjudicarán a los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a prestaciones vitales básicas.

Además de la sesión habitual de control al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a otros miembros del Govern, el pleno abordará la validación de un decreto que exonera a jóvenes extutelados de ciertos pagos que no hayan sido requeridos hasta la implementación del nuevo texto.

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez, detallará las disposiciones del decreto, que evitará que la Generalitat reclame reembolsos a aquellos jóvenes en situación vulnerable que reciben ayudas como el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Garantizada de Ciudadanía, siempre que sus ingresos sean inferiores a dos veces el salario mínimo.

También se debatirá el proyecto de ley que modifica las normativas fiscales, administrativas y financieras, introduciendo nuevos impuestos sobre grandes comercios, estancias turísticas, productos azucarados y emisiones contaminantes. Esta iniciativa, presentada por ERC, cuenta con enmiendas de Junts, PP y Vox, y propone una actualización de la tasa turística que se ajuste a las particularidades del sector en Catalunya.

El texto sugiere que un 25% de los ingresos obtenidos de la tasa se destinen a políticas de vivienda, mientras que el 75% restante se integrará en el Fondo para el Fomento del Turismo, que posteriormente beneficiará a los municipios, permitiéndoles establecer recargos a la tasa de acuerdo con sus necesidades locales.

Si la propuesta es aprobada en este debate, se tramitará junto a otro proyecto sobre la tasa turística, con la iniciativa de ERC sirviendo como documento de trabajo clave.

Adicionalmente, el orden del día incluye la discusión sobre la regulación de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación en Catalunya, iniciativa conjunta presentada por PSC-Units, Junts, ERC y el PP, que se anticipa pasará sin oposición debido a la falta de enmiendas.

Este texto, consensuado entre las 13 cámaras de comercio catalanas, persigue la adaptación de la normativa local a la legislación estatal de cámaras de comercio de 2014 y la revisión de la ley de 2002. Reafirma las funciones de las cámaras como entidades consultivas y colaborativas con las administraciones para defender los intereses del comercio y la industria.

Finalmente, se ha postergado el debate sobre el proyecto de ley de medidas urgentes en vivienda y urbanismo, ya que los partidos Junts y PP han solicitado un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries para asegurar la adecuación de la norma a la Constitución y el Estatut.