BARCELONA, 21 de diciembre.

La decana del Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, ha enfatizado que el juicio al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, es un proceso específico contra una persona, no contra toda la institución. "Es esencial que las instituciones mantengan su credibilidad y no sea tachada por un juicio particular", afirmó Vallejo.

En una reciente conversación con Europa Press, la decana destacó el rol fundamental de la abogacía en la defensa de un sistema judicial eficiente y en la garantía del derecho de defensa de los ciudadanos, lo que, según sus palabras, es la esencia de la democracia.

Vallejo hizo un llamado a la responsabilidad tanto de la abogacía, como de los poderes públicos y los medios de comunicación, para que un juicio individual no cause la politización de las instituciones. "De lo contrario, estaríamos cayendo en un grave error", advirtió.

Asimismo, subrayó la cooperación entre el ICAB, la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y otros órganos judiciales para asegurar que la justicia opere de manera eficaz e independiente, enfatizando la importancia del trabajo conjunto.

“Como profesionales del derecho, nuestra misión es que el Estado de Derecho sea realmente efectivo. La independencia de la abogacía es clave para mantener la justicia independiente. En nuestro país, podemos celebrar que esta independencia sigue presente, lo que confirma que nuestro sistema está funcionando”, concluyó.

En relación a la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial, Vallejo consideró bastante improbables los plazos establecidos para su implementación completa en Barcelona para el 1 de enero de 2026. Abogó por una implementación gradual que priorice aquellas áreas donde los recursos son más efectivos, como la jurisdicción mercantil, mientras que se debería postergar su aplicación en civil y penal.

Vallejo propuso que se solicite un aplazamiento para esos ámbitos judiciales, buscando así que se consigan los 55 jueces necesarios y que la situación de los funcionarios interinos se estabilice, para que la Ley de Eficiencia pase de ser un simple documento a una realidad operativa.

La decana también hizo referencia a las sanciones aplicadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al ICAB por la recomendación de honorarios. Aclaró que la interpretación de la CNMC sobre la ley no coincide con la del colegio, "y es por ello que pedimos al Ministerio de Justicia que se tomen medidas para solucionar esta situación".

En su opinión, la actual interpretación de la CNMC provoca una falta de claridad sobre los costos que asumen los ciudadanos en sus procesos jurídicos, lo que es un asunto serio y compromete la transparencia del sector. La decana insistió en la obligación legal de informar sobre los costos que podrían enfrentar si pierden un caso.

Cuando se abordó el tema de la protección de menores en situación de desamparo, Vallejo mencionó que están en diálogo con el Ministerio y la Conselleria de Justicia para asegurar que los menores puedan acceder a asistencia jurídica adecuada. “No se puede permitir que la Administración Pública actúe como juez y parte", remarcó.

Vallejo recordó que este es un esfuerzo que lleva dos décadas y que se está acelerando con el apoyo de diferentes instituciones, ya que el objetivo es que los menores también tengan acceso a representación legal efectiva.

Hizo hincapié en la grave situación que enfrentan los menores al ser llevados a centros de acogida, donde pueden tardar años en ser reunidos con sus familias, y resaltó la necesidad de proporcionarles asistencia legal mediante reformas legislativas adecuadas.

En cuanto al reciente plan de choque contra la multirreincidencia en Barcelona, que incluyó la creación de juzgados especializados para agilizar los juicios rápidos, la decana subrayó que esta iniciativa debe permanecer en el tiempo.

Sobre la problemática de las ocupaciones ilegales, Vallejo propuso que si se implementaran mecanismos para la recuperación inmediata de inmuebles ocupados, como ocurre en otros países europeos, se reducirían significativamente los casos. “Mientras que en Portugal y Francia las penas son contundentes, aquí la situación es desalentadora y se requiere una revisión urgente de las políticas actuales”, finalizó.