En una sesión reciente del Parlament de Catalunya, se ha desestimado la propuesta del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que abogaba por la creación de un "acuerdo de país". Este plan, diseñado para optimizar proyectos urbanísticos y facilitar la construcción de aproximadamente 210.000 viviendas, de las cuales entre el 40% y el 50% estarían destinadas a protección oficial, no logró el respaldo necesario.

Durante el Debate de Política General, Illa presentó su iniciativa que fue recogida en una propuesta de resolución del grupo PSC-Units. Sin embargo, el documento fue rechazado con el voto en contra de Junts, PP, Vox y la CUP, mientras que ERC, Comuns y Aliança Catalana optaron por la abstención, sorprendiendo a muchos con el apoyo del PSC-Units a la oposición.

El texto que fue desechado instaba al Gobierno a activar de manera urgente todos los planes necesarios para ampliar la oferta de vivienda asequible en la región, así como a movilizar los recursos necesarios para la construcción de viviendas protegidas.

Por otro lado, se aprobaron iniciativas de los socialistas que tratan diversas cuestiones sobre políticas de vivienda, incluyendo un plan para erigir 50.000 viviendas de protección oficial para el año 2030 y propuestas para rehabilitar edificios existentes, apoyadas por ERC y Comuns.

Entre las propuestas que sí avanzaron, los Comuns lograron que se instara a la Generalitat a crear una unidad especializada en la prevención de desahucios, así como a actuar con urgencia para aplicar la ley que regula los alquileres en un contexto de tensión en el mercado.

Asimismo, se validó una propuesta de Junts que exigía el "traspaso inmediato" de los inmuebles de Sareb a la Generalitat, tema ya contemplado en un acuerdo previo entre Illa y el Gobierno español.

En contraste, varias iniciativas como la de los Comuns, que pedía prohibir la compra especulativa de viviendas, y otras del PP y la CUP para crear una constructora pública y derogar normativas relacionadas con el mercado de vivienda, fueron rechazadas. También se desechó la sugerencia de Junts de establecer un periodo de 10 años de empadronamiento para acceder a vivienda protegida.

En el ámbito de infraestructuras, el PSC presentó una propuesta que recibió apoyo para asegurar la creación de una empresa que gestione el traspaso de Rodalies antes de 2026, permitiendo al Govern operar los servicios ferroviarios.

ERC logró aprobar una moción para mantener las bonificaciones en el transporte público, mientras que una medida de la CUP buscó expandir la integración tarifaria en Catalunya para el mismo año límite.

Con la participación de Junts, PP y Vox, se aprobó la resolución para obtener el informe de impacto ambiental sobre el proyecto recreativo Hard Rock en Tarragona para 2025, y avanzar en la aprobación del correspondiente Plan Director Urbanístico.

En cambio, se rechazaron mociones de la CUP que pretendían detener la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, así como la de los Comuns que argumentaba que las garantías medioambientales de una ampliación anterior no se habían cumplido.

Finalmente, las propuestas del PP para finalizar la construcción de la B-40 y atraer eventos deportivos como una candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno junto a Aragón tampoco lograron avanzar.