La Justicia española mantiene firme la inhabilitación al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, tras el rechazo del Tribunal Supremo a amnistiar la malversación de fondos públicos en el marco del proceso independentista que culminó con el referéndum ilegal del 1-O. La decisión también afecta al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, cuya orden nacional de detención se mantiene vigente.

Los magistrados del TS han argumentado que los condenados obtuvieron un beneficio personal y afectaron los intereses financieros de la Unión Europea, por lo que se mantienen las condenas de inhabilitación. El juez instructor, Pablo Llarena, ha dado un plazo de 10 días para pronunciarse sobre una posible cuestión de inconstitucionalidad respecto a la amnistía por desobediencia.

Tras analizar los informes de las partes y las acusaciones, la Sala de lo Penal ha rechazado aplicar la ley de amnistía a Junqueras, Puigdemont y otros condenados, manteniendo así las penas de inhabilitación. El juez Llarena también ha decidido mantener las órdenes de detención contra algunos implicados, aunque deja sin efecto la orden vigente contra la dirigente republicana Marta Rovira.

La Fiscalía abogaba por aplicar la ley de amnistía a los procesados, argumentando que no hubo enriquecimiento personal ni afectación a intereses de la UE, pero tanto la Sala de lo Penal como Llarena han discrepado de esta visión. Consideran que los acusados se beneficiaron patrimonialmente con fondos públicos para sus fines independentistas.

Para el Supremo, los condenados utilizaron el patrimonio público para sus objetivos personales, lo cual constituye una malversación que no puede ser amnistiada. Según Llarena, queda demostrado que se utilizaron recursos públicos en beneficio personal, por lo que no aplicaría la excepción de la ley de amnistía.

Una de las magistradas del tribunal, Ana Ferrer, ha presentado un voto particular en el que defiende la aplicación de la amnistía al delito de malversación en el contexto del proceso independentista catalán, sugiriendo incluso plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE.