La reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha generado una considerable reacción en el ámbito político y judicial del país. En un fallo que delimita claramente la legalidad de las actuaciones del juez Joaquín Aguirre, la Sala de Admisiones ha decidido rechazar la querella presentada por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto a su jefe de oficina, Josep Lluís Alay, y su abogado Gonzalo Boye.

Esta querella, que buscaba acusar a Aguirre de prevaricación judicial y malversación, ha sido inadmitida tras un minucioso examen de los procedimientos judiciales pertinentes. Según el presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, el tribunal determinó que no existe evidencia, ni siquiera de forma indiciaria, que sugiera la comisión de un delito por parte de Aguirre, quien se encuentra jubilado desde el pasado 15 de enero.

Los querellantes tomaron la decisión de actuar legalmente luego de que Aguirre dictara un auto en la Pieza Separada Catmon-Igman, donde se ordenó abrir una investigación sobre una supuesta "injerencia rusa" en el contexto del procés independentista en Catalunya. En su auto, el juez Aguirre solicitó indagar sobre diversas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de entidades públicas catalanas entre 2012 y 2017, beneficiando presuntamente a dos organizaciones: CATmon e Igman.

El rechazo de la querella se basa en la interpretación de que la actuación del juez no solo fue legal, sino que también está en línea con las normativas judiciales vigentes. Puigdemont y sus aliados argumentaron que la decisión del juez Aguirre de incluirlos en la investigación constituía una "injusticia" y una "sorpresa", además de considerar que había desobedecido a la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona, que se había posicionado a favor de uno de los investigados.

Los querellantes acusaron al juez de tener un propósito malicioso al desplazar a los demandantes del horizonte de una posible amnistía, tildando el procedimiento de Aguirre como "mastodóntico", "prospectivo" y "fantasioso", demostrando así una clara oposición a las decisiones judiciales que afectan su situación.

A pesar de las críticas a la manera en que Aguirre se expresó en su auto, el TSJC recuerda que su decisión fue posteriormente revocada por la apelación presentada por las defensas de los implicados, reafirmando así el carácter no delictivo de sus acciones. El tribunal concluye que el relato presentado en la querella no se ajusta a los términos de un delito de prevaricación judicial, ni mucho menos a un delito de malversación de fondos públicos, como había señalado el Ministerio Fiscal.