En un impactante desarrollo en Barcelona, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha iniciado una exhaustiva investigación sobre una organización que, aparentemente, se dedica a la recolección de animales abandonados en la ciudad, ante evidencias de presuntas irregularidades en su operativa y en el manejo clandestino de cadáveres. Este anuncio fue revelado en un comunicado emitido este jueves.

Según las fuentes, la entidad bajo sospecha involucra a un total de cinco empresas y siete individuos, y ha estado trabajando bajo contrato con más de 50 municipios de la región. Las investigaciones surgieron a raíz de múltiples denuncias por parte de ciudadanos, lo que generó inquietudes sobre la posibilidad de que la organización estuviera destruyendo pruebas mediante la utilización de una incineradora legalmente registrada para el manejo de cadáveres, localizada en una de las instalaciones que administraban.

El Seprona ha estado indagando este caso durante varios años y ha indicado que esta instalación podría haber sido utilizada como un encubrimiento para diversos delitos de maltrato animal, al estar eliminando cuerpos sin cumplir con los protocolos establecidos. Además, se tiene motivos para sospechar que en una segunda residencia gestionada por el mismo grupo, también se han dado casos de maltrato.

En el transcurso de la investigación, los agentes del Seprona han tomado declaración a cinco individuos, quienes han proporcionado información sobre situaciones inquietantes, como el caso de una perra llamada Nuna. Esta mascota ingresó al refugio en estado de gestación, perdió una cantidad alarmante de peso en un período de aproximadamente dos meses, y, al nacer, sus cachorros fueron sacrificados sin justificación alguna.

Tras un análisis profundo de la situación, la Guardia Civil ha llegado a la conclusión de que esta red opera bajo lo que describen como un "esquema criminal" que se beneficia económicamente a través de los contratos con los ayuntamientos y de la gestión de los cadáveres. Asimismo, han sido catalogadas las acciones como posibles delitos de maltrato animal, falsedad documental, violaciones a los recursos naturales y organización criminal.