La Fiscalía continue su cruzada legal en el caso que involucra al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del Partido Popular (PP), quien enfrenta serias acusaciones relacionadas con la instalación irregular de antenas de telefonía móvil en una comisaría local acontecida en 2012. Durante la última sesión del juicio con jurado popular, celebrada en la Audiencia de Barcelona, se ratificó la solicitud de casi tres años de prisión para el alcalde, un clinch que ha captado la atención mediática y que pone bajo el escrutinio público la gestión de Albiol.

El caso no se limita únicamente a Albiol; también se encuentran implicados otros importantes actores del gobierno municipal. Entre los acusados están el exconcejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Jurado, el gerente de Urbanismo, Xavier Salvà, y varias figuras claves de su administración, incluido el concejal de Urbanismo, Oriol Lladó, así como el jefe del departamento de licencias y obras, Josep Duran. Este ensamble de nombres resalta la complejidad del caso y la presunta falla en los procedimientos administrativos que debería haber seguido el gobierno municipal.

En la misma línea, el Ministerio Fiscal había planteado inicialmente una condena de 18 meses de prisión y multas para los demás acusados, quienes han sido considerados cooperadores en este asunto. Sin embargo, en un giro inesperado durante la reciente sesión, la Fiscalía decidió retirar las acusaciones en contra de Jurado y Lladó. Este cambio podría insinuar un posible intento de reducir la presión sobre el equipo de Albiol o la falta de pruebas contundentes en su contra.

Por otra parte, es importante mencionar que la Fiscalía no solo busca imponer penas de prisión, sino que también ha solicitado que los acusados compensen al Ayuntamiento de Badalona con una cantidad considerable que asciende a 17.448,27 euros. Parte de esta indemnización se traduciría en responsabilidad solidaria de las empresas de telecomunicaciones involucradas, como Vodafone y Movistar, que deberán asumir sus partes correspondientes en las multas; específicamente, Vodafone tendría que abonar 6.562,08 euros y Movistar 10.886,19 euros. Además, se exige a Vodafone el reembolso de 8.300 euros por el consumo de electricidad asociado a la comisaría de la Guardia Urbana, un gasto que fue cubierto por el consistorio. Este escenario plantea preguntas sobre la responsabilidad compartida y la regulación del sector en situaciones similares.