El Ministerio Público ha solicitado que se lleve a cabo una exhaustiva investigación sobre el caso de una aspirante a mossa que ha sido acusada de asesinar a su pareja en Ripollet, Barcelona, en abril de 2023. Se piden nada menos que 34 años de prisión para la imputada, quien ha sido objeto de graves acusaciones por parte de la Fiscalía.

Según el escrito de acusación, que ha sido adelantado por 'El País' y al que ha tenido acceso Europa Press, la acusada mantuvo una relación sentimental intermitente con la víctima desde 2021. Durante este tiempo, se alega que ejerció un control extremo que se tradujo en una conducta constante de dominación y humillación, llevando a su pareja a vivir situaciones de vejación.

El documento sostiene que, como resultado de este ambiente tóxico, la víctima experimentó un deterioro significativo tanto en su salud física como en sus relaciones interpersonales. La primera agresión documentada tuvo lugar en febrero de 2023, cuando la acusada presuntamente golpeó a su pareja en la oreja, provocándole una lesión que requirió intervención quirúrgica.

Además, se sostiene que la acusada no dudó en intimidar a la víctima en múltiples ocasiones, utilizando tácticas de coerción que incluían amenazas despiadadas, como la promesa de contratar a un sicario para eliminar a su hijo de nueve años en aquel momento si este no obedecía sus órdenes.

El trágico desenlace se produjo el 7 de abril de 2023, cuando la acusada, de manera sorpresiva, le asestó una puñalada a su pareja, quien no tuvo la posibilidad de defenderse ni escapar de la situación. Este acto ha sido calificado por la Fiscalía como un asesinato a traición.

Como resultado de estos hechos, el Ministerio Fiscal ha formulado una petición que incluye 3 años de prisión por maltrato habitual, otros 3 años por lesiones, 5 años por amenazas y, por supuesto, 23 años por el asesinato. Además, se ha solicitado que la acusada indemnice económicamente a la víctima a través de su familia, con un total de 300.000 euros para el hijo, 160.000 euros para los padres, y 60.000 euros para los hermanos.

De manera adicional, el mismo documento de acusación también ha instado a abrir nuevas investigaciones sobre la conducta de la acusada relacionada con seis personas más, en su mayoría varones. Esta petición ha surgido tras un análisis del dispositivo móvil de la imputada, llevado a cabo por los Mossos d'Esquadra como parte de la investigación a cargo del Juzgado de Instrucción número 7 de Cerdanyola del Vallès.