Una nueva iniciativa busca mejorar la relación entre los ciudadanos y la administración, rectificando errores y eliminando la necesidad de una cita previa.

En una conferencia celebrada en el Palau de la Generalitat, el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, presentó una propuesta legislativa que cuenta con el respaldo de ERC y Comuns. Esta norma tiene como objetivo asegurar que los ciudadanos no se vean penalizados por fallos administrativos que afecten a prestaciones fundamentales.

Dalmau destacó la injusticia de exigir a personas en situaciones vulnerables que devuelvan recursos que nunca debieron ser reclamados. En sus declaraciones, enfatizó la necesidad de una administración más eficiente que evite la ocurrencia de errores graves.

La propuesta modificará la ley 26/2010 que regula el funcionamiento de las administraciones en Catalunya, prohibiendo que se reclamen prestaciones erróneas a aquellos que ya enfrentan dificultades. Además, permitirá a los ciudadanos corregir sus propios errores en la gestión administrativa.

Los grupos parlamentarios PSC-Units, ERC y Comuns han formalizado la presentación de esta norma en el Parlament, donde se planifica su tramitación rápida, con la meta de aprobación antes de que finalice octubre.

La normativa también introduce el concepto de "derecho al error", que facultará a los ciudadanos para rectificar sus datos sin ser objeto de sanciones por errores involuntarios o de forma, siempre que no haya intenciones fraudulentas.

Según el Govern, esta legislación sería pionera en España, siguiendo ejemplos de países como Francia y Polonia, y busca evitar que un error administrativo lleve a un ciudadano a retroceder en un proceso ya complicado.

Además de abordar los errores cometidos por los ciudadanos, la norma también contemplará la posibilidad de corregir fallos administrativoss causados por empleados públicos que hayan actuado con buena fe y diligencia, para evitar que esto se interprete como negligencia seria.

Otro aspecto de la ley se centra en la regulación de los trámites administrativos proactivos y personalizados, permitiendo que la administración se comunique de manera efectiva con los ciudadanos, proporcionándoles información sobre servicios y trámites a los que pueden acceder.

Para salvaguardar la privacidad, la norma establecerá pautas claras sobre el uso de datos personales y creará un registro específico para su gestión, con el fin de reducir desigualdades y facilitar el acceso a quienes comúnmente enfrentan barreras tecnológicas o lingüísticas.

La iniciativa también incluye la eliminación de la cita previa como método exclusivo de atención al público, una medida que se ha explorado desde el anterior gobierno. Esta restricción está pensada para optimizar la eficiencia del servicio y mejorar la atención al ciudadano.

Por último, la propuesta legislativa asegurará que la información proporcionada por la administración sea clara, comprensible y accesible, garantizando así una mejor comunicación con el público.