El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmado su apoyo al principio de ordinalidad en el sistema de financiación autonómica, denunciando a la Comunidad de Madrid por su enfoque insolidario en la gestión de recursos. Según Illa, es fundamental detener la competencia desleal y la política de dumping fiscal que se ha instaurado desde la capital española.

En una reciente entrevista con el diario 'Ara', el presidente criticó la acumulación de riqueza en Madrid, argumentando que, en lugar de compartir su prosperidad, la comunidad opta por realizar recortes fiscales que alteran las condiciones de competencia entre las distintas regiones. Illa subrayó que la capital goza de ventajas adicionales debido a su estatus y, en consecuencia, debe compartirse la prosperidad generada.

Illa ha propuesto establecer un mínimo común en la normativa fiscal para evitar efectos perjudiciales entre comunidades. Considera engañoso reducir impuestos a los más ricos mientras se recortan servicios públicos y aboga por un modelo de prosperidad que exija a cada ciudadano contribuir en función de su riqueza y patrimonio.

Respecto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Illa sostiene que es parte de la solución a los problemas de financiación, desestimando cualquier preocupación por su candidatura a la Junta de Andalucía. Confía en que se está tomando la cuestión de la financiación seriamente.

En cuanto a los plazos para una nueva financiación, Illa se ha comprometido a avanzar lo más rápidamente posible, pero sin comprometer la solidez y el rigor necesario. Según él, su gobierno ha progresado más en temas de financiación autonómica en el último año que en los años anteriores.

El presidente también ha defendido que su administración sigue cumpliendo los acuerdos establecidos con ERC y ha señalado que, aunque el acuerdo inicial preveía la recaudación del IRPF en 2026, la nueva fecha es 2028 por razones de prudencia. Asegura que no se puede apresurar el proceso, ya que eso podría resultar contraproducente.

Sobre la gestión de la Agència Tributària de Catalunya, Illa ha desmentido que haya ignorado su situación al firmar el acuerdo de investidura y ha reafirmado su voluntad de actuar con celeridad, sin menoscabar la solidez financiera de la Generalitat. Destacó que la transferencia de la gestión tributaria debe incluir garantías para los derechos laborales de los empleados actuales.

El presidente también ha mencionado que sería un paso lógico permitir que los trabajadores de la Agencia Tributaria estatal se integren en la ATC, siempre bajo condiciones que respeten sus derechos laborales. Manifestó su deseo de que todos aquellos interesados en unirse a la estructura catalana puedan hacerlo.

Reflexionando sobre su primer año al frente del Gobierno catalán, Illa apuntó que la región ha logrado recuperar su dinamismo económico y aseguró que su objetivo es liderar España en términos económicos, añadiendo que trabajar para superar a Madrid en proporción de PIB es una de sus metas.

Sobre el acuerdo de aranceles de EE.UU. alcanzado por la UE, Illa ha aceptado el trato, aunque sin gran entusiasmo, considerando que al menos elimina la incertidumbre que ha rodeado las relaciones comerciales.

Asimismo, ha declarado que la implementación de la ley de amnistía es una de sus prioridades, marcando el camino hacia la reconciliación entre Catalunya y el resto de España, y espera que esto sea central en el próximo año político.

Illa incluyó en sus deseos al ex presidente Carles Puigdemont, aunque no ha aclarado si han tenido contacto reciente, dejando abierta la posibilidad a futuras reuniones y declaraciones al respecto.

Finalmente, confía en que Pedro Sánchez culminará su mandato, sugiriendo que es posible gobernar sin un presupuesto en ciertos momentos, destacando que muchos de sus opositores han hecho lo mismo en el pasado. Illa manifestó que piensa que el actual gobierno es lo mejor para Catalunya y toda España, y no ve a Alberto Núñez Feijóo como su futuro sucesor en La Moncloa.