Durante una reciente jornada dedicada al tema de la vivienda, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hizo un llamado a la confianza en las instituciones, enfatizando la importancia de la colaboración del sector privado. Illa, con realismo, subrayó que no se pueden esperar resultados inmediatos en la problemática habitacional, diciendo: "No puedo hacer magia, ni vender cosas imposibles".

El mandatario catalán destacó que la crisis de vivienda es uno de los retos más graves relacionados con la desigualdad en la región. A su entender, la situación es conocida y ahora es el momento de implementar políticas efectivas que se enfoquen en la construcción de nuevas viviendas. Según Illa, se estima que el déficit habitacional en Catalunya ronda las 150.000 unidades, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente del aumento en la disponibilidad de viviendas, siempre respetando criterios de sostenibilidad ambiental.

Illa también mencionó que el Govern ha implementado varias medidas para acelerar los procesos urbanísticos. Sin embargo, reconoció que aún hay oportunidades para mejorar y que están abiertos a adoptar nuevas técnicas de construcción que no comprometan la calidad de las viviendas.

En relación a las viviendas en mal estado, Illa indicó que el Govern está comprometido con su rehabilitación, sosteniendo que muchas de ellas permanecen vacías debido a su falta de condiciones adecuadas. Esto se enmarca dentro de la Ley de Barrios, que busca revitalizar y mejorar el estado de estas propiedades.

Una de las ideas centrales que presentó Illa es la necesidad de considerar la vivienda como un derecho fundamental, más allá de ser un simple activo financiero. Abogó por la intervención en el mercado, citando ejemplos durante la pandemia y en el sector energético, argumentando que estas medidas, aunque a veces traen efectos colaterales, son necesarias y habituales.

Asimismo, subrayó la importancia del papel de las administraciones municipales en la provisión de terrenos para la construcción de viviendas. Illa rechazó la idea de actuar sin la colaboración de los ayuntamientos, afirmando que su administración trabajará en conjunto con ellos, así como con las comunidades autónomas, el Gobierno central, las instituciones europeas y el sector privado, instando a todos a adoptar una actitud constructiva y a colaborar sin jugar a echárselas culpa unos a otros.