La Audiencia Nacional ha iniciado el juicio contra el exmandatario catalán Jordi Pujol, junto a sus siete hijos y otros colaboradores, acusados de establecer una supuesta organización delictiva que se benefició de la corrupción durante años, aprovechando su posición en el poder político.

El tribunal, encabezado por el magistrado José Ricardo de Prada y con la presencia de las juezas María Fernanda García y Mercedes del Molino, se enfrenta a los acusados por delitos como asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles, así como infracciones contra la Hacienda Pública.

El juicio comenzó con una declaración a puerta cerrada a través de videoconferencia, donde Pujol expuso su estado de salud, tras haber estado hospitalizado recientemente por una neumonía. Con 95 años, un informe forense determinado por su defensa sugiere que no está apto para comparecer de forma presencial.

El informe médico indica que el exfuncionario presenta un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor, y hay testimonios esperados de sus médicos para validar esta evaluación a lo largo de un proceso judicial que se prevé que dure hasta mediados de 2026, con más de 200 testigos en lista para declarar.

La acusación desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción solicita nada menos que nueve años de prisión y una multa de 204.000 euros para Pujol. En el caso de sus hijos, los años de prisión solicitados varían de 8 a 29 años, dependiendo de su implicación, según el documento de acusación al que ha tenido acceso Europa Press.

La pena más severa, de 29 años, está reservada para Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, que también se enfrenta a una multa superior a los 6,5 millones de euros. Para su exmujer, quien, según la Fiscalía, compartió ganancias y bienes con Pujol, se reclaman 17 años de cárcel y más de 600.000 euros en multa.

Además de las sanciones monetarias, el Ministerio Público exige que la familia Pujol devuelva más de 45 millones de euros que supuestamente obtuvieron de manera ilícita. Para los otros acusados, que son empresarios, las penas propuestas oscilan entre dos y tres años de cárcel por falsedad documental, además de multas que van desde los 200.000 euros hasta los 8 millones.

El informe de la exfiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, describe las presuntas conductas ilegales atribuidas a la familia Pujol, alegando que el expresidente utilizó su posición en la Generalitat y su liderazgo en Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) para crear una red de clientelismo que le permitió aprovecharse de contratos públicos.

Se resalta que Pujol y empresarios afines a su partido se beneficiarían mutuamente de esta trama corrupta, donde su esposa desempeñó un papel clave. El médico de cabecera de Pujol también reiteró en los últimos días que su estado de salud le impide participar en el juicio.

Este caso llega a juicio tras una larga investigación que culminó en 2020, donde se propuso juzgar a la familia completa por presuntamente haber formado una organización criminal que, a lo largo de décadas, acumuló un patrimonio indebido relacionado con actividades corruptas.

El juez indicó que muchos de estos delitos se habrían perpetrado durante el tiempo en que Pujol estuvo al frente de la Generalitat, pero continuaron incluso después de su mandato, generando enriquecimientos millonarios. El origen del dinero ilícito se rastrea en pagos de empresas a la familia, que eran camuflados bajo estructuras societarias a cambio de favores políticos.

En 2014, Pujol admitió tener dinero en el extranjero, atribuyéndolo a una herencia de su padre, quien temía por su seguridad en un contexto político complicado. De la Mata, el juez instructor, describió los roles específicos de cada miembro de la familia, destacando que Pujol Ferrusola fue esencial en la gestión del dinero ilícito.

Los otros hermanos también desempeñaron un papel en el mantenimiento de dicho patrimonio oculto, siguiendo las órdenes del mayor, implicados en movimientos financieros que buscaban camuflar el dinero obtenido de forma ilícita.

Los acusados externos a la familia Pujol, según De la Mata, operaron como intermediarios, facilitando la opacidad de las transacciones y contribuyendo al funcionamiento del esquema delictivo que, según el magistrado, presenta todos los elementos de una organización criminal bien estructurada y activa por varios años.