Tras el terrible crimen cometido, el Govern de Cataluña decidió realizar cambios en la normativa relacionada con la violencia de progenitores y emitió disculpas al padre de la víctima.

BARCELONA, 11 May.

La Audiencia de Barcelona comenzará el juicio el próximo lunes a la mujer acusada de asesinar a su hija, Yaiza, de tan solo cuatro años, el 31 de mayo de 2021 en Sant Joan d'Espí (Barcelona). La familia paterna exige una condena de prisión permanente revisable por el crimen, al igual que la Fiscalía.

El juicio será llevado a cabo por un jurado que será seleccionado el mismo lunes y se espera que dure más de una semana, finalizando las deliberaciones el martes 21.

En el momento del asesinato, los padres de Yaiza estaban separados y compartían la custodia de la menor. Supuestamente, la mujer la asfixió en su casa, lo que resultó en su muerte.

La defensa niega las acusaciones y solicita la absolución de la mujer, argumentando que sufrió un trastorno mental transitorio por un "medio insuperable" o, en su defecto, que se considere como atenuante que actuó por un arrebato y ha confesado.

El fiscal la acusa de un delito de asesinato con alevosía y solicita que, en caso de que sea condenada, se le imponga un periodo de libertad vigilada de cinco años, mientras que la acusación particular pide 10 años y una orden de alejamiento respecto al padre y los abuelos paternos de la niña.

Asimismo, se exige una compensación de 250.000 euros para el padre y de 75.000 euros para cada uno de los abuelos paternos, montos solicitados también por la familia de la víctima.

La acusación particular, representada por el padre y los abuelos paternos de la niña, detalla en su escrito de acusación que la acusada convivía en el piso de Sant Joan Despí con su madre, donde la menor pasaba semanas alternas y fue asesinada. Presuntamente, la mujer atacó a la niña después de despedirse de la abuela y dirigirse a dormir en la habitación compartida.

Como consecuencia de este terrible suceso, la entonces consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, anunció la creación de una nueva oficina para víctimas del delito y se aprobó un decreto que impedía la comunicación con los hijos a los padres o madres sospechosos de delitos de violencia machista o familiar.

Ciuró se reunió con el padre de Yaiza y pidió disculpas por no haber brindado el apoyo necesario a la familia después del crimen, expresando que no habían estado a la altura de las circunstancias.