Un nuevo y revelador acontecimiento ha sacudido el ámbito judicial y de derechos humanos en España. La organización Irídia - Centro para la Defensa de los Derechos Humanos ha decidido presentar un informe "sin precedentes" al juez, en relación con las actividades de las filiales de NSO Group en Europa, tras la denuncia de presunto espionaje al abogado Andreu Van den Eynde. Se alega que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) utilizó el controvertido software Pegasus para monitorizar sus comunicaciones.

En una rueda de prensa realizada el pasado miércoles en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, la abogada penalista Anaïs Franquesa, quien co-dirige Irídia, reveló que están ampliando la querella originalmente presentada. Este requerimiento no solo incluye al CNI, sino también a tres altos ejecutivos de NSO Group, así como a sus dos filiales europeas: OSY Technologies y Q Cyber Technologies. Franquesa afirmó que han hallado un vínculo directo entre los fundadores de NSO y estas entidades establecidas en Luxemburgo, considerándolo como su principal puerta de entrada al mercado europeo.

En cuanto al caso particular de Van den Eynde, abogado de figuras políticas como Oriol Junqueras y Raül Romeva durante el juicio del 'procés', Franquesa compartió que el abogado fue víctima de espionaje en mayo de 2020, en plena pandemia. Esto, según ella, no solo supone una violación de su derecho a la intimidad, sino que también afecta a la libertad de información, dado que Van den Eynde es una fuente clave para muchos periodistas.

Tras ser revelado el escándalo, el CNI admitió haber llevado a cabo 18 intervenciones de espionaje, mientras que otras 47 no pudieron ser confirmadas. Irídia asegura que estas acciones se realizaron sin la debida autorización judicial, lo que ha llevado a la organización a investigar cómo se introdujo NSO Group en Europa y cómo sus productos se comercializaron a diferentes organismos gubernamentales, incluido el propio CNI.

Cèlia Carbonell Cassanes, responsable de sociedad civil en Irídia y quien ha llevado a cabo la investigación sobre NSO, enfatizó que este problema debe ser abordado como un fenómeno global sistémico. Según sus palabras, la empresa NSO se ha convertido en un nombre habitual en la discusión internacional sobre vigilancia y derechos humanos, especialmente con su software Pegasus, que ha alcanzado notoriedad por sus capacidades de intrusión.

Durante esta conferencia, se contó con la participación del investigador independiente Shir Hever, así como representantes de organizaciones như el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo y Amnistía Internacional. Carbonell destacó que informes de The Citizen Lab documentaron que Pegasus infecta dispositivos normalmente tras una acción del usuario, pero versiones más recientes de este software han evolucionado a tecnologías que permiten ataques sin interacción del usuario, incluidos avances que incorporan inteligencia artificial.

Carbonell también mencionó que hace un año existían cinco denuncias en los juzgados catalanes acerca del uso de Pegasus, de las cuales algunas han recaído en diversos juzgados de instrucción, incluido el de Van den Eynde. La abogada reiteró la falta de transparencia en torno a las actividades del CNI, dado que la legislación de secretos obliga a mantener en la oscuridad detalles sobre el uso y coste del software espía.

Por otro lado, Júlia Pérez, responsable de incidencia política en Amnistía Internacional Catalunya, subrayó que el uso de Pegasus es un tema que ha escalado a un problema global. Desde Irídia, se estima que desde la introducción de Pegasus en 2011, el número de dispositivos comprometidos en todo el mundo podría ser de millones, aunque las cifras exactas son complicadas de definir.

Shir Hever, a su vez, criticó la utilización del software por parte de la inteligencia israelí contra palestinos, sugiriendo que su uso ha generado miles de "objetivos" a vigilar. Ante ello, los juristas de Irídia han solicitado diversas diligencias urgentes, tales como órdenes de investigación a las filiales de NSO para obligarlas a proporcionar información sobre la venta de Pegasus a organismos del Estado español.

También se ha requerido información sobre los dispositivos que han sido infectados, cuáles fueron las personas espiadas y la identificación de los responsables de las entidades en Luxemburgo, así como detalles sobre la posible adquisición y uso del software espía por el CNI. Irídia ha manifestado su deseo de que se tome declaración a la actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro, y que los representantes de NSO en Luxemburgo sean interrogados como investigados. Sin embargo, lamentan que después de más de dos años de instrucción, muchas preguntas aún permanezcan sin respuesta.

Por el momento, la única declaración registrada es la de Van den Eynde, quien ha señalado que ha sufrido la violación del secreto profesional y de la confidencialidad inherente a la relación abogado-cliente. Ante esta situación de lo que consideran una falta de responsabilidad y certeza, Irídia ha decidido dar un paso más y presentar nuevas acciones legales.

Brian Ventura, abogado del equipo de Irídia, ha declarado que hoy se dará a conocer un informe pericial sobre las estructuras empresariales de las filiales de NSO en Luxemburgo, así como un análisis detallado del entramado corporativo y quienes eran responsables en el instante en que el dispositivo del abogado Van den Eynde fue presuntamente infectado.

Tanto Irídia como Amnistía Internacional han hecho un llamado para que se prohíba el uso de Pegasus, dejando claro que en ningún caso consideran aplicable la ley de amnistía a este tipo de procedimientos. La situación actual destaca la necesidad de mayor transparencia y la protección de los derechos fundamentales en una era donde la vigilancia digital se ha convertido en un asunto prioritario y de gran preocupación.