El jurista catalán Joan Ridao ha lanzado un nuevo libro titulado 'Dret parlamentari de Catalunya', en el que se ofrece un análisis exhaustivo y contemporáneo sobre el marco legal y el funcionamiento del Parlament de Catalunya. En una reciente entrevista, Ridao ha expresado su deseo de que en los próximos años se produzca una reconsideración de la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) respecto al Parlament y a otras cámaras legislativas de España.

Ridao sostiene que el Tribunal Constitucional ha alterado significativamente la regulación y la seguridad jurídica que rige las funciones del Parlament, a raíz de sus interpretaciones y decisiones. Este cambio ha impactado en la validez jurídica de iniciativas previamente declarativas que, según el jurista, adquirieron efectos legales tras la intervención del TC en 2014, especialmente después de impugnar la declaración del derecho a decidir.

El académico señala que la acción del TC ha influido en el funcionamiento interno del Parlament, ya que no solo ha invalidado ciertas acciones, sino que ha posibilitado que la justicia penal intervenga en asuntos que antes eran considerados meramente políticos. Este fenómeno, según Ridao, también ha ocurrido en el Congreso de los Diputados, donde decisiones específicas han afectado la gestión de la Mesa en relación a la consideración de propuestas parlamentarias.

El jurista pone de manifiesto la distinción necesaria entre el control de leyes ya aprobadas y la impugnación de declaraciones políticas. Según él, el Parlament tiene la capacidad de emitir declaraciones que carezcan de consecuencias jurídicas sin que haya motivos para su persecución judicial. A pesar de considerar que el derecho parlamentario catalán es de avanzada, Ridao reconoce el impacto negativo que ha tenido la jurisprudencia del TC en ese contexto político tan complejo derivado del 'procés'.

El autor destaca que, aunque la regulación del Parlament de Catalunya es la más moderna de España, es preciso adaptar los procedimientos legislativos, que considera obsoletos. A su juicio, la creciente utilización de decretos ley y la práctica de lecturas únicas socavan la centralidad del Parlament y refuerzan el poder del Govern, ya que el uso intensivo de estas herramientas debería ser excepcional.

Ridao también critica la banalización de las sesiones de control, que en ocasiones se utilizan como plataformas para el lucimiento personal, en lugar de servir para fiscalizar al Govern. En su opinión, es fundamental proporcionar más recursos a la Cámara catalana, cuya financiación representa sólo el 0,1% del presupuesto de la Generalitat. Aumentar el personal especializado podría ayudar a mejorar la calidad del trabajo legislativo.

Otro aspecto que abordó el jurista es la tensa relación entre la libertad de expresión de los parlamentarios y los discursos de odio. Señala que algunos comentarios pueden ser mal recibidos dependiendo de la perspectiva moral de cada individuo. No obstante, reconoce que debe existir un límite en esta libertad, especialmente en relación con el delito de odio, y aboga por la necesidad de un autocontrol entre los diputados, complementado por la supervisión del presidente del Parlament.

Finalmente, tras la reciente ratificación del TC sobre la Ley de Amnistía, Ridao ha lamentado que algunos cuerpos judiciales se hayan dejado influenciar por posturas políticas personales, lo que ha llevado a una percepción de activismo de carácter militante. Insiste en que los jueces deben centrarse en la aplicación estricta de las leyes democráticas, y cualquier intento de eludir su cumplimiento sería un grave error.