La situación de los ciudadanos con discapacidad en Cataluña está generando preocupaciones importantes, lo que ha llevado al portavoz del Partido Popular (PP) en el Parlament, Juan Fernández, a exigir explicaciones al Govern. Este lunes, Fernández pidió la comparecencia urgente de la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, a raíz de la alarmante lista de espera que asciende a aproximadamente 16 meses para el reconocimiento o revisión del grado de discapacidad.

Fernández no ha ocultado su indignación respecto a la reelección de Oriol Junqueras como presidente de ERC, la cual considera un regreso a un pasado que los catalanes ya habían superado. Junqueras, candidato de 'Militància Decidim', obtuvo el 52% de los votos en la segunda vuelta de su congreso, lo que, según Fernández, compromete seriamente el futuro del partido y, por extensión, la política en Cataluña.

En una rueda de prensa, el portavoz popular comentó que afirmar que el nuevo liderazgo de ERC tiene influencia directa sobre los presupuestos es una situación vergonzosa. Este contexto ha derivado en que el Govern, liderado por Salvador Illa del PSC, dependa de la dirección de los republicanos, lo cual pone en entredicho la autonomía de la gestión presupuestaria en la comunidad autónoma.

“Cataluña no puede estar ni un día más sin presupuestos”, afirmó Fernández, haciendo un llamado a la Generalitat para que presente de inmediato la propuesta presupuestaria. En su crítica, enfatizó que las cuentas públicas no pueden estar dictadas por fuerzas que han impulsado la agenda del 'procés' separatista.

En un tema relacionado, el portavoz del PP ha señalado que la lista de espera para la revisión del grado de discapacidad es inaceptable y ha instado a Martínez Bravo a aclarar de inmediato qué acciones se van a implementar para solucionar la prolongada espera que afecta a tantas personas vulnerables. Según declaraciones del propio Govern, el tiempo de espera se sitúa actualmente en 16,6 meses, lo que equivale a casi 500 días, cuando el plazo legal establecido para resolver estas solicitudes es de apenas tres meses.

Además, Fernández hizo referencia a la reciente solicitud de Junts para que el Consell de Garanties Estatutàries emitiera un dictamen respecto a las propuestas de ERC y los Comuns sobre la retirada de beneficios fiscales al Hard Rock. A este respecto, destacó que el PP ha sido el verdadero defensor del proyecto, en contraposición a la actitud pasiva que, a su juicio, ha mantenido Junts durante este tiempo. Fernández subrayó que el PSC parece estar sometido a la influencia de ERC, lo que complica la gobernabilidad en la región.