Crónica Cataluña.

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Junts amenaza con acciones legales por los supuestos ataques difamatorios y filtraciones en los casos de presunta intimidación

Junts amenaza con acciones legales por los supuestos ataques difamatorios y filtraciones en los casos de presunta intimidación

El partido Junts ha decidido emprender medidas legales debido a las recientes "difamaciones y filtraciones" relacionadas con los casos de presunto acoso por razón de género en la formación. Esta decisión fue comunicada durante una reunión de la dirección del partido y posteriormente fue mencionada por el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, durante una reunión ordinaria con los diputados del partido.

En la reunión, Batet explicó que se tomarán medidas legales para combatir la violación de la confidencialidad y las acusaciones difamatorias que han dañado la imagen del partido. También anunció que a partir de ahora las reuniones del grupo parlamentario serán grabadas para evitar tergiversaciones en el contenido de las conversaciones y para dejar constancia de las dinámicas de debate internas.

Las diputadas Aurora Madaula y Cristina Casol, afiliadas a Junts y cercanas a la presidenta Laura Borràs, presentaron una denuncia por presunto acoso en el Parlament, que fue investigada por una empresa externa. Aunque aún no se ha resuelto el caso de Madaula, el informe concluyó que en la mayoría de las denuncias presentadas por Casol no se pudo demostrar acoso o discriminación, pero señalaba la existencia de una cultura machista dentro del grupo.

En la misma reunión, Batet criticó las "difamaciones" que, según él, se encuentran en el informe y que perjudican la imagen del partido. Aunque se comprometió a no entrar en detalles personales, aseguró que el grupo siempre ha trabajado para proteger a todos sus miembros.

Además de las medidas legales, Casol ha sido advertida de su posible expulsión del grupo si no renuncia a su acta de diputada. Sin embargo, Casol ha manifestado su negativa a renunciar y su disposición a convertirse en diputada no adscrita. Por otro lado, 26 de los 32 diputados de Junts han pedido la dimisión de Casol tras archivarse su causa en el Parlament.

El caso de Madaula también ha generado malestar entre los diputados de Junts después de que ella denunciara haber sufrido "violencias silenciosas" de parte de sus compañeros. La diputada ha recibido críticas de varios miembros de Junts y se ha instado a reflexionar sobre su continuidad como secretaria segunda de la Mesa.

Desde la dirección del partido se ha negado la existencia de machismo en Junts y se atribuye la situación a diferencias políticas. Algunas territoriales del partido están considerando impulsar un manifiesto de apoyo al grupo parlamentario.

Paralelamente a estos eventos, la presidenta del Parlament, Anna Erra, propuso suspender el protocolo para la prevención y abordaje de situaciones de acoso, al cual Madaula y Casol se acogieron para tratar sus casos. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por los otros miembros de la Mesa del Parlament.

A pesar de los desencuentros entre las facciones de Junts desde el inicio de la legislatura, la situación empeoró después de la votación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en octubre pasado, en la cual cinco diputados de Junts rompieron la disciplina de voto. Esto llevó a una reunión tensa entre Batet y los diputados en cuestión, y desde entonces la tensión ha aumentado, culminando en los casos abiertos de Casol y Madaula que enfrenta el partido.