En una reciente decisión, la Audiencia Nacional ha cerrado el caso conocido como 'Tsunami Democràtic', dejando claro que los indicios de delito que se presentaron fueron obtenidos sin permitir a los acusados ejercer su derecho a defensa. Las acusaciones de entidades como Vox y Dignidad y Justicia, a pesar de sus esfuerzos, no lograron convencer al tribunal sobre la existencia de pruebas suficientes para avanzar en este asunto.

El magistrado Francisco Javier Vieira, al frente de la ponencia en la Sección Tercera de la Audiencia, destacó que los indicios recabados durante la instrucción fueron conseguidos sin la intervención de los investigados, lo que a su juicio pone en entredicho la validez del proceso. La sentencia subraya que no se brindó a los acusados la oportunidad de refutar dichas pruebas, lo que es fundamental en cualquier procedimiento judicial.

Esta decisión se produjo tras la apelación de varios grupos que cuestionaron el archivo del caso inicialmente dictado por el juez Manuel García-Castellón, quien había tomado la decisión tras una resolución del Sala de lo Penal que invalidó todas las diligencias realizadas en los últimos tres años. La invalidez se debió a que la investigación se prorrogó de manera irregular, lo que ha llevado a la actual situación.

Es importante recordar que el 8 de julio de 2021, García-Castellón ya había decidido el archivo provisional del caso, que incluía a figuras como Marta Rovira de ERC. La Sección Tercera ahora sostiene que la existencia de indicios de delitos en etapas previas a la prórroga no es suficiente para continuar con el procesamiento, especialmente cuando se ha dado una clara indefensión a los investigados al no poder declarar.

El magistrado también resaltó que, de haber continuado el procedimiento sin la declaración de los investigados, se habría vulnerado su derecho de defensa. Esto refuerza la idea de que el proceso debe incluir la participación activa de quienes son acusados, asegurando así un juicio justo y equilibrado.

Analizando la jurisprudencia existente, Vieira concluyó que los derechos de los investigados fueron seriamente comprometidos, lo que le llevó a ratificar el sobreseimiento del caso. La invalidación de las diligencias ha tenido implicaciones significativas, afectando a acusaciones por terrorismo que eran parte de los motivos del proceso en contra de Carles Puigdemont y Marta Rovira, quienes han estado en el punto de mira desde hace años.

En este contexto, la Sala de lo Penal estableció que la prórroga de la investigación fue, de hecho, extemporánea, lo que obligó al juzgado a revaluar seriamente sus decisiones. La interpretación del juez sobre la continuidad de la investigación fue considerada inconsistente, ya que no se pueden simultáneamente dar por expirados plazos y prolongar procesos justo después de su finalización.

La complejidad del caso 'Tsunami Democràtic' y la subsiguiente decisión del tribunal no solo impactan a los investigados, sino que también envían un mensaje claro sobre los límites y requisitos necesarios en el proceso judicial, especialmente en situaciones que involucran acusaciones graves como el terrorismo.