En una reciente conferencia de prensa, la viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha expresado que "es tiempo de buscar soluciones", en respuesta a las demandas de dimisiones en Adif por parte de los Comuns debido a los recientes problemas con el servicio de Rodalies.

Moret destacó que Adif ha tomado la iniciativa de asumir responsabilidades por las incidencias en cuestión. Durante su intervención, también se refirió a una reunión llevada a cabo el pasado domingo, en la que participaron el Govern, el Gobierno español, Renfe y Adif.

La portavoz del PSC subrayó que todas las partes implicadas han estado atentas a las necesidades y solicitudes del Govern, trabajando para dar una respuesta coordinada a las dificultades del sistema ferroviario.

En relación a si el ministro de Transportes, Óscar Puente, debería haberse pronunciado sobre la situación de Rodalies, Moret defendió que “el Ministerio ha respondido de manera adecuada”, colaborando con la Generalitat y logrando una buena comunicación con la consellera Paneque.

Respecto a la propuesta de ERC, Comuns y CUP para celebrar un pleno específico en el Parlament sobre la situación de Rodalies, Moret manifestó que el Govern está dispuesto a ofrecer las explicaciones necesarias en el ámbito parlamentario.

“Si se organiza ese pleno, el Govern del PSC estará presente para fornecer toda la información requerida”, añadió, afirmando el compromiso del Govern con la mejora de la infraestructura ferroviaria desde el inicio del acuerdo de investidura.

En otro ámbito, tras el anuncio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado pidiendo al Tribunal Supremo que conceda una amnistía por malversación al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Moret se mostró a favor de esta medida, indicando: "Estamos completamente de acuerdo, nosotros también deseamos que se aplique la amnistía".

Además, Moret enfatizó la urgencia de implementar esta amnistía, recordando que existe un marco legislativo ya aprobado en el Congreso al respecto.

Por último, la fiscal ha señalado que el juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, así como la Sala de lo Penal, están elaborando argumentos que sugieren que los acusados se beneficiaron personalmente al desviar fondos públicos para la organización del referéndum del 1 de octubre.