El magistrado Pablo Llarena está siendo investigado por una supuesta infracción disciplinaria, tras una denuncia presentada por el expresidente catalán Carles Puigdemont y el eurodiputado de Junts Toni Comín ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En el escrito presentado por el abogado Gonzalo Boye, se señala que Llarena ha incurrido en un "retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución" de los recursos relacionados con la aplicación de la Ley de Amnistía.

Según el letrado, esta situación podría constituir una infracción disciplinaria de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que el juez del Tribunal Supremo ha excedido el plazo establecido en el ordenamiento para resolver los recursos.

Las denuncias se presentaron contra el auto en el que Llarena declaró inaplicable la amnistía al delito de malversación imputado a Puigdemont y Comín, y han sido respaldadas por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la defensa de otros implicados en el caso, como Marta Rovira y Lluís Puig.

Boye asegura que se han enviado dos recordatorios sobre la pendencia de los recursos, pero que el magistrado ha continuado sin resolverlos, a pesar de haber dejado "sin efecto su licencia de vacaciones" con el objetivo de supervisar la captura de Puigdemont.

En este contexto, se destaca que el retraso en la resolución de los recursos podría tener consecuencias disciplinarias graves, dado que el incumplimiento de los plazos legales durante el ejercicio de funciones judiciales puede ser considerado una falta muy grave, grave o leve, según la ley.