La consellera de Economía y Finanzas de Catalunya, Alícia Romero, ha dejado claro que las negociaciones para establecer los presupuestos catalanes antes de enero son poco realistas, señalando que primero es necesario que el partido ERC consolide su posición interna. Esta afirmación se enmarca dentro del contexto político actual en el que la estabilidad del govern depende de la fortaleza de sus pactos, especialmente en un momento donde la cohesión y el consenso son cruciales.

En una reciente entrevista publicada en 'La Vanguardia', Romero destacó que Catalunya se comprometió a ser solidaria en el ámbito de la nueva financiación autonómica, enfatizando la necesidad de que España se mantenga competitiva y atractiva. Este enfoque se vuelve fundamental en un entorno donde las comunidades autónomas buscan optimizar sus recursos financieros para enfrentar los retos que se avecinan.

Romero también hizo hincapié en que hay un acuerdo claro con ERC, el cual constituye una base para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Este acuerdo incluye la implementación de una cuota de solidaridad que busca establecer un mínimo de igualdad entre las distintas comunidades autónomas, algo que podría ser clave para el futuro político y económico de Catalunya.

En cuanto a los plazos para la reforma del sistema de financiación, la consellera vaticinó que el Govern tomará las riendas del IRPF en 2026. Además, detalló que en el primer trimestre de 2025 se formará un grupo de expertos, que incluirá miembros no catalanes, para definir el modelo más adecuado que permita avanzar hacia el nuevo sistema fiscal propuesto.

A modo de reflexión, Romero expresó que Catalunya tiene como reto mantener la operatividad de la Agencia Tributaria, que actualmente cuenta con 4,000 trabajadores y es reconocida a nivel internacional. Por otro lado, la Agència Tributària de Catalunya, que es relativamente nueva, solo cuenta con 800 empleados. Esta comparación resalta la necesidad de fortalecer la administración tributaria catalana para que pueda afrontar eficazmente la carga fiscal de la región.

Asimismo, la consellera ha mencionado que el grupo de trabajo está evaluando distintas rutas jurídicas y los incentivos necesarios para facilitar la integración de los funcionarios de Hacienda en la Generalitat, similar a cómo se gestionó en el pasado con los agentes de la Guardia Civil al ser incorporados a los Mossos d'Esquadra.

Romero también abordó la cuestión de la viabilidad del nuevo modelo de financiación, subrayando que, aunque es fundamental que el Gobierno central aporte más recursos, es crucial que las comunidades autónomas tengan la capacidad de gestionar su propio bienestar. De esta manera, hizo una clara distinción entre la situación de Catalunya y el cupo vasco, sugiriendo que, a diferencia de los vascos que pagan una cuota por los servicios estatales, Catalunya además contribuiría con una cuota de solidaridad.

En otro punto importante, la consellera criticó la postura del Gobierno de Madrid, dirigido por la popular Isabel Díaz Ayuso, acusando a la capital de ser "el territorio más insolidario". Esta aseveración surge en el contexto de la discusión sobre recursos y políticas fiscales, donde Ayuso ha sido criticada por su bajada de impuestos a los sectores más ricos, en detrimento de la solidaridad interterritorial.

Por último, Romero se comprometió a impulsar un aumento en la oferta de vivienda pública en Catalunya, reconociendo que se trata de un gran desafío que debe afrontarse urgentemente, dado que la construcción de vivienda ha estado estancada durante demasiados años. Este esfuerzo podría ser un aspecto fundamental para abordar la crisis habitacional y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos catalanes.