Barcelona, 8 de agosto. Este día marca un año desde el retorno del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, un evento que Mònica Sales, portavoz de Junts en el Parlament, recuerda como “muy intenso”.

En el transcurso de una rueda de prensa, Sales ha evaluado la gestión del actual Govern liderado por Salvador Illa, señalando que este ha “suspendido” en su labor durante su primer año en el cargo. Según sus declaraciones, la situación en Cataluña ha empeorado y se encuentra en una clara regresión en diversas áreas.

La portavoz ha calificado a este Gobierno como uno marcado por la “mala gestión”, haciendo hincapié en las fallas en el servicio de Rodalies y en la administración educativa, especialmente en relación con la asignación de plazas en la Formación Profesional.

Además, Sales ha señalado que los incumplimientos han sido una constante: “No hay ni presupuestos, ni un modelo de financiación adecuado, ni un verdadero traspaso de Rodalies”, y ha subrayado que Junts se presenta como la única alternativa robusta frente al Govern del PSC.

En cuanto a la relación con el Gobierno central, Sales ha denunciado la “sumisión” de Illa, lo cual, a su juicio, limita su capacidad para abogar por los intereses de Cataluña en Madrid y exigir el cumplimiento de las inversiones prometidas.

La portavoz ha criticado lo que considera un intento de “desnacionalización” del Govern, que, según su relato, desvaloriza la lengua catalana y se dedica a favorecer al monarca español en lugar de defender la identidad nacional.

Sales también expresó su preocupación por la fragilidad del Govern, que no ha logrado aprobar los presupuestos, utilizando para ello “una geometría variable” entre las fuerzas políticas que lo componen, incluidos los partidos de la oposición.

Ante la pregunta sobre el regreso de Puigdemont a España para participar en el debate de investidura de Illa, recalcó que su asistencia fue un acto de cumplimiento de su compromiso, luego de casi siete años en Bélgica tras el referéndum del 1 de octubre. Además, reafirmó que Puigdemont no tenía intención de dejarse detener, a pesar de las intenciones del Gobierno central, y criticó el incumplimiento de la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso.